A partir del próximo sábado, los 200 centros de diálisis privados de la Argentina dejarán de atender a los pacientes carenciados pertenecientes al programa federal "Incluir Salud", a raíz de "una deuda que mantiene el Estado nacional por más de 250 millones de pesos". 

Así lo denunció la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), que remarcó "la falta de respuestas ante los reiterados reclamos de pago". La medida afectará a más de 1.500 pacientes sin recursos.

Los directivos de Cadra enviaron cartas documento al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzabal, y al responsable del programa, Pablo Atchabahian, "para evitar consecuencias no deseadas". 

"Nosotros como Cadra somos representantes de los centros de diálisis de todo el país. Tenemos un viejo reclamo por deudas que llevan un largo tiempo y que nos han generado una situación de quebranto, fundamentalmente en el norte del país", aseguró el titular de Cadra, Darío Zapata.

El presidente de la entidad confió que el desfinanciamiento que sufren los centros se debe, entre otros motivos, a la "insuficiencia del valor del módulo, el desfasaje de los costos de los materiales, el incremento de los honorarios profesionales y sueldos y la demora en el pago de las prestaciones".

"Hay que tener en cuenta que los pacientes que reciben diálisis acuden a los centros tres veces por semana, cuatro horas y es el tratamiento sustitutivo de la función renal. Hay personas que, gracias a este tratamiento, tienen garantizada su continuidad de vida, lo cual es sumamente delicado", agregó.

Para Zapata, la situación es "crítica". "No dejaremos a los pacientes que ya están en tratamiento sin atención, pero desde el sábado no recibiremos nuevos pacientes", cerró.

Incluir Salud -anteriormente llamado PROFE- pasó a depender este año de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos.

En el caso de la diálisis, se firmó un acuerdo por el cual el Estado deriva a los centros privados los pacientes carenciados y les paga por los servicios (las sesiones más el traslado). "En la práctica, el Gobierno nacional no paga desde abril del año pasado", denuncia la entidad.