Según informó la directora del área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado, los archivos secretos de las juntas militares hallados el año pasado serán exhibidos al público desde marzo en la Sala de Consultas de la Biblioteca Aeronáutica, ubicada en Esmeralda y Paraguay.  Segado afirmó que de este modo "la sociedad podrá constatar cómo el poder militar estaba subordinado al poder económico".
"El material revela la subordinación militar a las corporaciones y un ejemplo de ello es que en los primeros seis meses de gobierno de facto, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz no hace más que dar exenciones al agro. Desde el `76, se les decía "bueno, sin retenciones" y  cuando les dijeron `bueno, ya está, fueron 20 años de privilegio, surgió el conflicto con el agro`", explicó la funcionaria.
Los archivos conjugan los originales de las actas de las juntas militares del gobierno de facto que se mantuvo en el poder entre 1976 y 1983. Los mismos habían sido halladas en noviembre de 2013 en malas condiciones en el subsuelo del edificio Cóndor. A partir del trabajo de los equipos de investigación y archivística de las tres fuerzas, con la colaboración de la Comisión Nacional de Valores y el Archivo General de la Nación durante estos últimos meses, fueron clasificadas y digitalizadas, y estarán a disposición del público el próximo mes.
La titular del área de Derechos Humanos explicó que los documentos "están ligados en un 90 por ciento a cuestiones económicas, como proyectos sobre privatizaciones, excenciones para el agro, medidas para permitir  inversiones extranjeras y discusiones en el seno de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) sobre leyes laborales”.
Asimismo Segado subrayó su importancia en tanto pueden rescatarse las responsabilidades civiles, como a partir de La ley de Entidades Financieras de esa época o una organización de médicos que entregan a la junta "listas negras" con los nombres de personal de la salud.
"Queda claro el funcionamiento de las corporaciones y si no empezamos a entender lo que nos pasó desde una mirada de conjunto, seguirá en la sociedad metida la `teoría de los dos demonios` y no vamos a comprender su magnitud, cómo nos sigue pegando y la huella que aún nos deja", advirtió.
.Al mismo tiempo el material está a disposición de la justicia, en tanto  las actas referidas a Papel Prensa ya fueron remitidas de oficio al juzgado de Julián Ercolini, a cargo de la causa que investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad en la venta de Papel Prensa a los diarios Clarin, La Nación y La Razón.
A propósito del caso, un nuevo material fue hallado hace pocos días conteniendo una carpeta con informes del interventor de Papel Prensa nombrado por la junta, capitán Alberto D`Agostini, que a pedido del ex fiscal Ricardo Molinas -en 1984-, daba detalles sobre las negociaciones por la venta de la empresa.
También fue remitida importante documentación en la que figura Martínez de Hoz a juzgados donde se investigan posibles delitos económicos, y al juez Daniel Rafecas, quien investiga causas por delitos de lesa humanidad.

Según informó la directora del área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado, los archivos secretos de las juntas militares hallados el año pasado serán exhibidos al público desde marzo en la Sala de Consultas de la Biblioteca Aeronáutica, ubicada en Esmeralda y Paraguay.  Segado afirmó que de este modo "la sociedad podrá constatar cómo el poder militar estaba subordinado al poder económico".

"El material revela la subordinación militar a las corporaciones y un ejemplo de ello es que en los primeros seis meses de gobierno de facto, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz no hace más que dar exenciones al agro. Desde el `76, se les decía "bueno, sin retenciones" y  cuando les dijeron `bueno, ya está, fueron 20 años de privilegio, surgió el conflicto con el agro`", explicó la funcionaria.

Los archivos conjugan los originales de las actas de las juntas militares del gobierno de facto que se mantuvo en el poder entre 1976 y 1983. Los mismos habían sido halladas en noviembre de 2013 en malas condiciones en el subsuelo del edificio Cóndor. A partir del trabajo de los equipos de investigación y archivística de las tres fuerzas, con la colaboración de la Comisión Nacional de Valores y el Archivo General de la Nación durante estos últimos meses, fueron clasificadas y digitalizadas, y estarán a disposición del público el próximo mes.

La titular del área de Derechos Humanos explicó que los documentos "están ligados en un 90 por ciento a cuestiones económicas, como proyectos sobre privatizaciones, excenciones para el agro, medidas para permitir  inversiones extranjeras y discusiones en el seno de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) sobre leyes laborales”.

Asimismo Segado subrayó su importancia en tanto pueden rescatarse las responsabilidades civiles, como a partir de La ley de Entidades Financieras de esa época o una organización de médicos que entregan a la junta "listas negras" con los nombres de personal de la salud.

"Queda claro el funcionamiento de las corporaciones y si no empezamos a entender lo que nos pasó desde una mirada de conjunto, seguirá en la sociedad metida la `teoría de los dos demonios` y no vamos a comprender su magnitud, cómo nos sigue pegando y la huella que aún nos deja", advirtió.

.Al mismo tiempo el material está a disposición de la justicia, en tanto  las actas referidas a Papel Prensa ya fueron remitidas de oficio al juzgado de Julián Ercolini, a cargo de la causa que investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad en la venta de Papel Prensa a los diarios Clarin, La Nación y La Razón.

A propósito del caso, un nuevo material fue hallado hace pocos días conteniendo una carpeta con informes del interventor de Papel Prensa nombrado por la junta, capitán Alberto D`Agostini, que a pedido del ex fiscal Ricardo Molinas -en 1984-, daba detalles sobre las negociaciones por la venta de la empresa.

También fue remitida importante documentación en la que figura Martínez de Hoz a juzgados donde se investigan posibles delitos económicos, y al juez Daniel Rafecas, quien investiga causas por delitos de lesa humanidad.