Los 'Pro vida' quisieron evitar que una menor discapacitada que fue violada se le realizara un aborto
Los militantes antiderechos de las mujeres irrumpieron de forma violenta en el hospital Rawson de la localidad sanjuanina de Médano de Oro, donde una menor de 14 años y discapacitada quedó embarazada producto de una violación.
Este domingo se realizó en San Juan por primera vez un aborto legal en un hospital público, pese a que la provincia no está adherida al proyocolo de Salud de la Nación dirigido a la atención de los casos no punibles.
La interrupción se practicó este domingo en el Hospital Rawson a una adolescente de 14 años con discapacidad intelectual, quien cursaba un embarazo de 10 semanas producto de una violación por la que está detenido el patrón del campo en el que vive.
Tras la operación en la capital sanjuanina, la chica se recupera en el centro asistencial mientras es contenida por el Comité del Maltrato Infanto-Juvenil.
El caso se encuadra dentro de los abortos que garantiza el artículo 86 del Código Penal Argentino, por el cual si el embarazo proviene de una violación a una mujer o a una mujer "idiota o demente", la intervención no es punible.
La otra cara de la moneda es que la intervención fue blanco de polémica y hasta se registraron incidentes en el Hospital Rawson al momento de la operación cuando militantes del aborto clandestino intentaron detener el paso de la camilla con la víctima hacia la sala de cirugía. Además, el Diario de Cuyo consigna que hubo llamados a jueces para que se impidiera el aborto.
La denuncia de la violación fue presentada por la familia de la menor ante el El Centro de Abordaje Integral de Niños Víctimas (ANIVI) y en el Juzgado de Instrucción de segunda nominación.
Por el hecho fue detenido un hombre de 32 años, llamado Marcelo Villalobo, propietario de la finca de la zona de Médano de Oro en la que trabajaba la familia de la nena.
Incluso, un profesional del hospital decidió recurrir a la Justicia y denunciar a los médicos que practicaron el aborto y también a las autoridades. La denuncia recayó en el fiscal Daniel Galvani.