La Cámara Federal intenta establecer si la causa avanza en Córdoba (donde fue radicada la denuncia) o pasa a Comodoro Py. En el expediente está comprometido nada más y nada menos que el Grupo Clarín.

Se trata de una denuncia que data del 2012, desde cuando la investigación está trabada... hasta ahora. La acusación habla de una 'asociación ilícita' del grupo hegemónico para quedarse con el control de varios medios de comunicación.

También se le atribuye el grave delito de haber montado un aparato de propaganda para favorecer a la dictadura militar, hecho que está casi comprobado ante los ojos de la opinión pública, años después del proceso que terminó con 30 mil desaparecidos.

La denuncia fue radicada por el dirigente Carlos Moscatelli ante la Fiscalía Federal Nº1 de Córdoba, el 21 de marzo de 2012, donde se señaló a Magnetto como titular de esta asociación fuera de la ley.

A ella se vincularon medios de comunicación como La Voz del Interior, Canal 12 y Radio Mitre de Córdoba, todos comprados por el Grupo Clarín.

Sobre la denuncia ligada a las épocas de dictadura, en el expediente se sostiene que el multimedios "se habría desempeñado como aparato de propaganda, dando información tendiente a sugestionar, atemorizar y confundir a la población".

La Cámara deberá resolver qué juez se quede con la causa, ya que se impulsó una acción penal contra el magistrado, Ricardo Bustos Fierro, por emitir fallos favorables al multimedios.

Por eso, el expediente fue girado al juzgado que hoy comanda el juez Sebastián Ramos, que cuando era subrogado por su par Marcelo Martínez de Giorgi había tramitado el levantamiento del secreto fiscal en 2010, a instancias de una pesquisa sobre Aranda, vicepresidente y accionista de Clarín.

El Grupo no solo está investigado por la apropiación de Papel Prensa, sino que se investigan delitos de lavado de dinero y empresas creadas para el blanqueo de activos.