La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó la denuncia. Su titular, Fernándo Miguez declaró “Uber es una empresa que no está registrada en la IGJ, los usuarios pagan con tarjetas de crédito de bancos nacionales y toda esa plata no tributa impuestos".

Entre los funcionarios acusados se encuentran el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici.

El titular de la ONG declaró "¿Cómo puede ser que ningún organismo de control detectara operaciones sospechosas? Se trata de una empresa que no tributa pero que a la vez pagó de arranque multas de 70.000 pesos por cada uno de los autos que les fueron secuestrados. ¿Cómo ingresó ese dinero al país?" y afirmó que detrás de la instalación de la plataforma podría haber una maniobra de lavado de dinero "mediante movimiento de divisas y cuentas corrientes". A su vez sostuvo que el accionar del gobierno de la ciudad ante la instalación de la empresa en el país se limitó a una serie de “declaraciones periodísticas”.

Entre los principales acusados están los presuntos dueños de Uber Garret Camp, Travis Cordel Kalanic y David Plouffe, quienes estubieron en Argentina durante la visita de Obama. La denuncia recayó en la fiscalía que encabeza Guillermo Marijuan y en manos del juez federal Ariel Lijo.

Fuente: La izquierda diario