La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue la que le dio vida a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo que promueve, difunde y defiende el derecho a la comunicación democrática en los medios.

Una de las primeras decisiones del actual presidente Mauricio Macri fue la de reducir el alcance de la norma, y bajar de alguna manera los lineamientos para de a poco desactivar la función de control que llevó adelante la oficina encabezada hasta noviembre pasado Cynthia Ottaviano, con reconocimientos internacionales por los logros.

A pesar de haber preservado a la Defensoría con aquel decreto destructivo, la Comisión Bicameral del Congreso no designó a un defensor con peso y autoridad para liderar este control sobre los medios, pero tampoco renovó el mandato de la defensora saliente. Es decir, el organismo permanece acéfalo, y por lo tanto, carente de legitimidad.

Incluso los propios trabajadores de la Defensoría elevaron una propuesta para designar como subrogante a la abogada María José Guembe, directora de Protección de Derechos de la Defensoría, quien fue aceptada como máxima autoridad. Aunque los legisladores dieron el visto bueno a esta salida transitoria, la decisión implica fragilidad institucional.

"Esa autorización recayó en mí, que soy la directora de Protección de Derechos de la Defensoría, pero no implica una designación como Defensora con todas las facultades, sino solo para realizar actos conservatorios para el funcionamiento de la institución y la preservación de sus recursos", destacó María José Guembe en una entrevista con Página12, diferenciando la medida de urgencia de una decisión de fondo.

"Esta situación de acefalía limita el funcionamiento del organismo. No obstante seguimos recibiendo y canalizando reclamos y continúan las líneas de trabajo, que fueron informadas oportunamente a la Comisión Bicameral y que cuentan con reconocimiento internacional por parte de las instancias de protección de derechos humanos y libertad de expresión. Es fundamental que el Poder Legislativo cumpla con la normativa vigente y lleve adelante el proceso de designación de un defensor o una defensora una vez iniciado el nuevo período legislativo", reclamó Guembe al dejar en claro que sus funciones son limitadas.

La funcionaria evaluó la gestión de los últimos cuatro años: "Logramos amplificar el ejercicio del derecho humano a la comunicación y promovimos una perspectiva de diálogo y reflexión conjunta con todos los actores, de todos los ámbitos, como herramienta central para defender los derechos de las audiencias", remarcó.

Además, a la hora de describir el trabajo de Ottaviano recordó que su tarea "fue reconocida ampliamente como el camino más acertado para lograr cambios en las prácticas de la comunicación que vulneran derechos".