La Corte Suprema consideró el recurdo extraordinario presentado por el fiscal federal Javier De Luca, para que los acusados por la muerte del ex diputado Diego Muñiz Barreto y la tentativa de homicidio de su asesor, Juan José Fernández, en 1977, cumplan con su sentencia.
Los acusados -el excomisario Luis Abelardo Patti y el ex oficial de la policía Juan Meneghini- habían sido sobreseídos parcialmente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín y la Cámara de Casación Federal.
Pero la resolución pasó a la Corte Suprema, quienes tomaron los argumentos del dictamen de la Procuración General y "declararon procedente" el recurso extraordinario planteado por el fiscal en este caso de delitos de lesa humanidad.
La historia se remonta a febrero de 1977 cuando el diputado y su asesor fueron secuestrados de una carnicería por la zona de Escobar y trasladados a la Unidad Regional de Tigre, para luego ser llevados a Campo de Mayo.
Allí fueron golpeados, torturados y sometidos a simulacros de fusilamiento, hasta que un día los encadenaron y los llevaron en el interior de un auto a orillas del río Paraná, en Entre Ríos.
Luego de aplicarle unas inyecciones para adormecerlos, los tiraron en el interior de un Fiat 128 -propiedad del asesor del diputado-, quien pudo escapar con vida y dar un testimonio clave.
“El que conducía mi auto (el Fiat 128) puso la trompa apuntando hacia la banquina, pero uno de los otros le dijo ‘no, ponelo así’ (de cara al agua)”, contó Fernández, ya en democracia. “Estaba entrando agua rápidamente y en gran cantidad, y antes de que me cubriera alcancé a tomar aire y comencé a buscar por dónde salir”, dijo el secretario.

La Corte Suprema consideró el recurdo extraordinario presentado por el fiscal federal Javier De Luca, para que los acusados por la muerte del ex diputado Diego Muñiz Barreto y la tentativa de homicidio de su asesor, Juan José Fernández, en 1977, cumplan con su sentencia.

Los acusados -el excomisario Luis Abelardo Patti y el ex oficial de la policía Juan Meneghini- habían sido sobreseídos parcialmente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín y la Cámara de Casación Federal.

Pero la resolución pasó a la Corte Suprema, quienes tomaron los argumentos del dictamen de la Procuración General y "declararon procedente" el recurso extraordinario planteado por el fiscal en este caso de delitos de lesa humanidad.

La historia se remonta a febrero de 1977 cuando el diputado y su asesor fueron secuestrados de una carnicería por la zona de Escobar y trasladados a la Unidad Regional de Tigre, para luego ser llevados a Campo de Mayo.

Allí fueron golpeados, torturados y sometidos a simulacros de fusilamiento, hasta que un día los encadenaron y los llevaron en el interior de un auto a orillas del río Paraná, en Entre Ríos.

Luego de aplicarle unas inyecciones para adormecerlos, los tiraron en el interior de un Fiat 128 -propiedad del asesor del diputado-, quien pudo escapar con vida y dar un testimonio clave.

“El que conducía mi auto (el Fiat 128) puso la trompa apuntando hacia la banquina, pero uno de los otros le dijo ‘no, ponelo así’ (de cara al agua)”, contó Fernández, ya en democracia. “Estaba entrando agua rápidamente y en gran cantidad, y antes de que me cubriera alcancé a tomar aire y comencé a buscar por dónde salir”, dijo el secretario.