La baranda por la que cayeron tres chicos sigue rota y la Ciudad no aparece
Vecinos de Villa Sodati denunciaron que la baranda desde donde cayeron tres adolescentes, provocando la muerte de uno de ellos, no fue arreglada ni clausurada, ya que "no vino nadie del gobierno porteño" a pesar de que siguen circulando por esa escalera ya que los ascensores no funcionan.
"No vino nadie del gobierno porteño a arreglar esto, las rejas siguen sueltas, sin apuntalar ni soldar, generando riesgos de otra caída porque por esa escalera sigue subiendo la gente, no hay otra posibilidad porque los ascensores no funcionan", aseguró Jacinto González, integrante de la comisión del barrio.
El vecino precisó a Télam que en el complejo de viviendas "la situación es la misma porque el gobierno porteño siempre dice que son los primeros en poner los auxilios, pero acá van más de 24 horas y no vinieron; la Guardia de Auxilio no aparece".
"Queremos que vengan a poner en condiciones la reja, en cualquier momento se puede caer cualquiera y encima en el cuarto hay una señora ciega, pero el Gobierno de la Ciudad hace oídos sordos", añadió.
González expresó que los dos adolescentes heridos, Nihuel (13) y Gastón (15), "siguen en la misma situación, internados en estado grave", y añadió que a la mañana "todos estuvieron en el velorio de Cristian (17) y en la sepultura que será a las 15 en el cementerio de Flores".
Por su parte, el legislador porteño José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro-FPV, apuntó a la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad. "Así como en el caso del incendio del taller clandestino de la calle Páez, donde fallecieron dos niños, otra vez una tragedia vuelve a poner en evidencia la falta de políticas de Macri para los sectores más vulnerados", manifestó el diputado kirchnerista.
"Este caso particular tiene el agravante de que 20 días antes de las PASO de la Ciudad, en plena campaña, el futuro Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta fue hasta Villa Soldati a inaugurar una supuesta restauración integral de todo el complejo habitacional, mostrándose orgulloso de que las familias supuestamente a partir de ese momento iban a ' vivir con más dignidad'", opinó Campagnoli.
El IVC es copropietario del complejo y los vecinos denunciaron que el Ejecutivo de la Ciudad no cumplió con una ley y dos fallos judiciales que ordenaron la realización de las reparaciones estructurales.
El dirigente sabbatellista expresó que ese acto de campaña fue "una farsa más del macrismo", y que "en realidad, lo único que hicieron allí fueron obras absolutamente superficiales que, como demuestra esta tragedia, no resolvieron las falencias estructurales de los complejos habitacionales del sur de la Ciudad".
Además, el legislador hizo hincapié en la falta de políticas del Gobierno de la Ciudad para los sectores que más necesitan del Estado: "Esto no es más que un botón de muestra de las problemáticas habitacionales que el PRO no resolvió. La cantidad de personas con algún tipo de problemática habitacional sigue creciendo. Hoy, 750 mil porteñas y porteños atraviesan esta situación; y entre ellas, 82 mil personas vive en complejos habitacionales o barrios municipales (todas en el sur de la Ciudad) sin ningún tipo de mantenimiento por parte del Ejecutivo porteño".
Campagnoli informó que "además, el PRO disminuyó durante todos los años de su gestión el presupuesto destinado a vivienda, que representaba en 2008 el 3,98% del total, y en 2015 apenas alcanza al 2,35%. Lo que ocurrió es un horror. Esta tragedia se podría haber evitado. No queremos que haya más víctimas fatales y esperamos que Macri asuma su responsabilidad".
Jacinto González anticipó que el lunes próximo se van movilizar al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), ubicado en el centro porteño, "porque hay sentencia firme para que se hagan los trabajos de reparación y mantenimiento" que hubieran evitado el incidente.
"Queremos una respuesta, queremos que se hagan cargo”, enfatizó.
La ley 623, publicada el 7 de setiembre de 2001, declaró la emergencia edilicia y ambiental del barrio y en su artículo 9 dispuso que el gobierno porteño "adopte las medidas necesarias para la solución de las fallas estructurales, vicios de construcción, mejoras de infraestructura y saneamiento ambiental".
Ante el incumplimiento, las vecinas María Eugenia Andicoechea y Mirta Susana Corpache promovieron una acción de amparo el 23 de junio de 2009, tramitada en el expediente 34.250/0 y apoyada por la Asesoría de Menores ante el peligro que las deficiencias suponían para los niños que vivían y circulaban por el edificio.
El 27 de diciembre de 2011 se dictó sentencia de primera instancia que ordenó a la Ciudad a efectuar las obras, pero el macrismo en lugar de cumplir decidió apelar, lo que llevó el expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que el 30 de abril de 2014 confirmó el fallo de primera instancia.
Ante esta situación, el interbloque del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña presentó un pedido de informes al gobierno de Macri para conocer la existencia de inspecciones o evaluaciones por parte del Ejecutivo en el complejo habitacional.
La única voz del gobierno porteño fue la del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, que 17 horas después del incidente aseguró que mandó a instruir un sumario para "determinar las responsabilidades".
"Mandé a instruir un sumario para determinar las responsabilidades públicas de cada uno, para saber lo que pasó", señaló el funcionario ayer a las 17.20.
El IVC, por su parte, emitió un comunicado donde explicó que "lamenta profundamente el accidente", se solidarizó con las familias de las víctimas y, a modo de autodefensa, manifestó que "viene realizando un amplio plan de obras en el complejo".