Durante la semana pasada se dieron a conocer las fuertes denuncias contra el instituto Antonio Próvolo, ubicado en la ciudad de Luján de Cuyo, en Mendoza. Esta semana, la Justicia ya activó los primeros procedimientos.

En primer lugar, se harán pericias psicológicas a los cinco detenidos: los curas Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho, y los trabajadores administrativos Armando Gómez (46), Jorge Bordón (50) y José Luis Ojeda (41).

También se harán cámaras Gesell a las 22 víctimas de los aberrantes abusos que se denunciaron hace poco tiempo, pero que vienen de muchos años atrás. 

"Las edades van desde los 14 años hasta los 23 y algunos acusan haber sido abusados sexualmente", explicó a los medios el fiscal de la causa, Fabricio Sidoti.

Recordemos que, en su mayoría, las víctimas se trataban de chicos sordomudos y con problemas expresivos, por eso se dificultó la tarea de los peritos. Aunque, según pudieron rescatar de las denuncias, la mayoría de los abusos se dieron en un sector aislado conocido como 'La Casita de Dios'.

"Estamos viendo la posibilidad de probar una técnica dentro de la cámara Gesell que utiliza dibujos y, por medio de éstos, los chicos pueden graficar y mostrar lo que les ha ocurrido", explicó el fiscal.

El fiscal también adelantó que durante los próximos días serán imputados nuevamente por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores", la misma imputación que ya recae sobre ellos.

"Una vez que se terminen de tomar todas las declaraciones, se los va a volver a imputar por el mismo delito. La acusación no cambia, pero sí va a cambiar la cantidad de víctimas", expresó.

Tanto Corradi (el principal acusado, del cual hace poco se conoció que cargaba con las mismas denuncias en su pasado en una institución de Italia), como Armando Gómez pidieron prisión domiciliaria.

Pero en ambos casos Sidoti rechazó el planteo y seguirán detenidos en el pabellón 5 del penal de Boulogne Sur Mer, aunque el pedido de los acusados deberá ahora ser examinado por la jueza de Garantías Alejandra Alonso.