Indemnizarán a la jueza Rosa Parrilli, destituida por maltrato
La ex magistrada que fuera destituida de su cargo en 2009 por discriminar a dos empleadas de tránsito al momento de pagar una multa, será resarcida económicamente por “demoras en su designación”.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó una demanda promovida por la ex jueza Rosa Parrilli, por los daños y perjuicios ocasionados por la sanción de dos leyes que, años atrás, retrasaron su designación.
Y si bien se concedió la reparación económica, se dispuso una reducción de la indemnización planteada en primera instancia.
Rosa Elsa Parrilli, es aquella ex jueza que fue destituida en septiembre 2009 por mal desempeño luego de protagonizar un escándalo contra empleadas del área de Tránsito del gobierno porteño, será indemnizada ahora por las demoras en su designación.
Hace 5 años
Parrilli se hizo conocida en septiembre de 2009, cuando irrumpió en las oficinas de la playa de infractores de tránsito del Obelisco porteño para recuperar su automóvil, que había sido remolcado por mal estacionamiento en Almagro.
“Acá son todas morochas, ni una rubia contratan. Tontitas, no se dan cuenta quién manda acá. Mando yo y no tengo que pagar, como no pago nunca”, gritó Parrilli, según el registro de las cámaras del lugar.
Parrilli alegó una crisis psicológica, pero las afectadas radicaron una causa civil contra la magistrada, mientras que el Consejo de la Magistratura la investigó y destituyó en el marco del juicio político que se le siguió por mal desempeño.
Fue la primera destitución del órgano de control de la Justicia porteña, que entendió que la jueza era responsable de los insultos, las amenazas y la discriminación proferidos.
Un mes y medio después, la ex jueza reclamó ante el Consejo de la Magistratura seguir cobrando su sueldo hasta que la decisión de removerla quedara firme, y en septiembre de 2012 la Corte Suprema confirmó la destitución, al considerar que en el caso no había razón para intervenir.
Pero Parrilli inició una demanda contra el Gobierno de la Ciudad, el Consejo de la Magistratura y la Legislatura “por los daños y perjuicios que le habría ocasionado el ‘accionar lícito del Estado local en ocasión de la sanción y aplicación efectiva de las Leyes 935 y 1086’, que demoraron su designación.