El dueño del Colegio San Diego, una respetada institución de educación privada inicial, primaria y secundaria de Wilde, era un represor de delitos de Lesa Humanidad. 

El hecho lo dio a conocer el diario Página 12, al informar la historia de Luis Castillo, quien se retiró de la Policía bonaerense en 1986 con el rango de comisario.

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) informó que tras conocerse la noticia "se tomaron las medidas legales y administrativas necesarias para impedir que (el represor) pueda desempeñar tareas en una institución educativa".

La cartera educativa manifestó su “más profundo repudio y preocupación” por los hechos que han tomado estado público, relativos a nuevas imputaciones por delitos de lesa humanidad promovidas en la causa por terrorismo de Estado sobre hechos sucedidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno.

Castillo ahora cumple prisión preventiva en su casa, tras haber sido hallado responsable el 30 de marzo pasado de los delitos de secuestros, torturas, abuso sexual y apropiación de niños que tuvieron lugar en los centros clandestinos que funcionaron en las exbrigadas de Investigaciones de Banfield y Lanús.