El 10 de septiembre de 2010, en el boliche ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, cerca de las 3.50 cuando terminó un recital del grupo Ráfaga, se derrumbó un entrepiso construido de manera precaria y provocó la muerte de Ariana Lizarriaga (21) y Paula Provedo (20).

El fiscal solicitó cuatro años y seis meses de prisión para Juan Carlos María Yun, Agustin Dobrila e Iván Andrés Fliess, socios en la empresa "El Viejo Sabio", que se encargaba de explotar comercialmente el boliche y también el local "Caramel", ubicado al lado.

Los consideró responsables de los delitos de "homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho activo con respecto a funcionarios policiales'' y además, pidió para ellos la imposición de una pena de inhabilitación de nueve años para ejercer el comercio.

Para el maestro mayor de obras Gustavo Amaru que avaló la habilitación del local, el fiscal pidió una pena de cuatro años de prisión con diez años de inhabilitación para ejercer su profesión, al considerarlo culpable de los homicidios y las lesiones de las personas que asistieron a Beara la noche del derrumbe.

Con respecto a cuatro funcionarios del Gobierno porteño, solicitó una condena de tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos al considerarlos responsables de los homicidios ocurridos y las lesiones.

Se trata del exresponsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, Martín Diego Farrell; el ex director de Habilitaciones Especiales, Pablo Damián Saikauskas; el exjefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano; y el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky.

El comisario de la Policía Federal Argentina, Rodolfo Cabezas, y los integrantes de esa fuerza Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González fueron considerados por Ciruzzi como responsables de los delitos de "homicidio culposo agravado por el número de víctimas, lesiones culposas graves y leves, y cohecho pasivo".

Para todos ellos requirió una condena de tres años y seis meses de prisión, a lo que le agregó el pedido de pena de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Alterini comunicaron que el 6, 13 y 22 de junio los acusados podrán llevar adelante sus últimas palabras y que luego, tras un cuarto intermedio, se conocerá el veredicto. El juicio comenzó en febrero pasado.