El genocida Jorge Balla, que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras ser condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en la masacre de Ituzaingó y Las Heras de 1977, violó en varias oportunidades las restricciones que le impone su condena y agredió y amenazó de muerte a sus vecinos.

Diana, una de las vecinas que lo denunció en la justicia, contó que desde junio del año pasado ella y su pareja, Juan, reciben intimidaciones por parte del genocida que vive en la casa de al lado.

En una oportunidad Balla salió de su casa y tomó por del cuello a Juan y dijo que lo iba a matar por ser hijo de un ex preso político.

"Esta persona con prisión domiciliaria salió de su domicilio tomó del cuello a mi marido. No radicamos la denuncia porque teníamos miedo de lo que nos podía llegar a pasar. Yo empecé con complicaciones en mi embarazo por la presiones que recibíamos, termine teniendo un parto prematuro. En diciembre él y sus hijos volvieron a atacarlo, cuando llevaba en brazos a mi hija y decidimos hacer la denuncia", dijo Diana.

Diana y Juan pidieron la revocación de la prisión domiciliaria ante la Fiscalía Federal y el Tribunal Oral Federal, con el patrocinio del abogado Guillermo Munné, acompañado por un conjunto de organizaciones de derechos humanos. 

"Es una situación muy dramática. Dejamos de habitar parte de nuestra casa y pusimos todo tipo de medidas de seguridad en la casa, cámaras, sensores de movimiento. También tenemos una custodia. Estamos a 2 meses y medio de esa situación y la justicia no hizo nada", contó la mujer.

Diana contó que, además del genocida, sus dos hijos, uno que de ellos que trabaja como personal penitenciario los amenazaron. "Me amenazaron con que iba a aparecer con un tiro en la frente, amenazaron a nuestra pequeña hija. Es una situación muy triste, angustiante y traumática", explicó.