Fiscalía de Esquel imputó a un médico de la Federal por la filtración de las fotos del cadáver
La justicia reunió elementos que permitirían acreditar la responsabilidad del médico de la Policía Federal, Werther Augusto Aguiar, quien participó del procedimiento de recuperación del cuerpo del río Chubut y su resguardo en la Morgue local. La familia apeló el rechazo del juez Lleral para incluir a un grupo de expertos independientes.
La Fiscalía Federal de Esquel imputó, en el marco de la investigación por las filtraciones de fotografías del cuerpo sin vida de Santiago Andrés Maldonado, las cuales tomadas por orden judicial, a un médico de la Policía Federal.
Los investigadores reunieron elementos que permitirían acreditar a Werther Augusto Aguiar como responsable por la circulación de las imágenes. Aguiar participó del procedimiento de recuperación del cuerpo del río Chubut y su resguardo en la Morgue de la ciudad de Esquel.
Según informó el sitio fiscales.gob.ar como medida de prueba se secuestró el celular del imputado y se ordenó su peritaje con el objeto de establecer si existen o existieron en el aparato de telefonía celular fotografías extraídas el día 17/10/2017 o 18/10/2017 del cadáver.
Mientras tanto en la causa que investiga la muerte del joven platense, la familia de la víctima apeló el rechazo del juez Gustavo Lleral para incluir a un grupo de expertos independientes para colaborar en la investigación.
Entre los puntos centrales se destacan la insistencia en que se garantice "una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independientea fin de conocer las circunstancias de la muerte de Santiago", al tiempo que criticaron la permanencia en la investigación de "funcionarios de alto rango del Ministerio de Seguridad" a pesar de su "cuestionable actuación".
"La audiencia fijada para el día 24 de noviembre debe ser el comienzo de la investigación y no el final. A partir de allí, un equipo independiente, estable y multidisciplinario debería recorrer de modo exhaustivo el lugar de los hechos y hallazgo del cuerpo, interrogar a distintas personas claves para probar qué ocurrió –que todavía no declararon en la causa-, recoger los restos de la fogata que realizaron los gendarmes el 1 de agosto de 2017, disponer pericias que surjan de esas investigaciones (planimetrías detalladas de cada declaración prestada para destacar concordancias, diferencias y complementariedad entre los relatos y otros hallazgos ya realizados y los aún pendientes), entre otras medidas por cumplir", reclamaron en el escrito presentado este martes.
"Señalamos que la referencia al objeto de la instrucción es genérica y adaptable a cualquier procedimiento penal. Entendemos que esa falta de precisión llevó a que se investigue cualquier cosa menos una presunta desaparición forzada de persona, ahora agravada por muerte", reclamaron en el texto.
"Exigimos que sea el Estado, como titular de la acción penal, el principal responsable del avance en la investigación sobre la muerte de Santiago. Como particulares damnificados, nosotros intentaremos seguir colaborando en la causa pero, en modo alguno, se nos puede exigir un rol distinto al previsto en la normativa vigente", expresaron con el pedido por "Verdad y Justicia para Santiago".