El Gobierno español impuso una sanción administrativa de 25.000 euros a la compañía Iberia por considerar discriminatorio ya que solicitaba a las aspirantes a trabajar en la compañía un análisis de orina que permitía conocer si estaban embarazadas.

La Inspección de Trabajo del Ejecutivo autonómico fue quien impuso esta multa tras desestimar las alegaciones de la empresa al considerar que la obligación de informar sobre un embarazo no es adecuada durante el proceso selectivo, sino después de la contratación.

La aerolínea puede apelar contra dicha sanción y también podría impugnarla por vía judicial, aunque a través de un comunicado oficial, respondió a la polémica creada asegurando que "nunca" ha dejado de contratar a una mujer por estar embarazada.

En dicho comunicado recordó que el 46% de su plantilla son mujeres y el 71% en el caso de las tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), las azafatas. La gerente de Prevención Laboral de Iberia, María Teresa García, declaró que, en atención a la "sensibilidad" que genera el actual protocolo de protección de mujeres embarazadas, la empresa dejará de incluir la prueba del embarazo en el reconocimiento médico de ingreso.