Colectivos de género, de diversidad sexual, de organizaciones sociales y hasta asociaciones profesionales, cuestionaron que el Estado beneficie a la Fundación Conin con millones de pesos anuales, luego de la escandalosa intervención que tuvo su fundador, Abel Albino, en el debate sobre la legalización del aborto.

Se trata del médico que el miércoles desestimó la utilización de preservativos para la prevención de enfermedades y dijo que “el virus del SIDA atraviesa la porcelana”, quien preside una entidad sin fines de lucro contra la desnutrición infantil y que recibió casi 90 millones de pesos por parte del Estado en los últimos dos años.

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Al respecto, la médica Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), fue una de las profesionales que pidió que el Estado deje de financiarlo. "Su conducta fue irresponsable y es un mal ejemplo, que encima lo financia el Estado nacional; tiene programa de subsidios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de otras provincias", lamentó según publica Infobae.

Ya durante en el informe que brindó en marzo de este año, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, debió responder sobre los convenios celebrados entre la Fundación Conin y los ministerios de Desarrollo Social, de Salud, de Educación y con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Según contestó Peña en esa oportunidad, "el convenio marco firmado entre el MEN y la Fundación Conin busca mejorar las condiciones de educabilidad de alumnos de nivel inicial de 3 a 5 años, con el objetivo de garantizar una mejora en sus trayectorias escolares y la detección temprana de la desnutrición". El propio jefe de Gabinete detalló que la Fundación de Albino recibió del Estado casi 90 millones de pesos en dos años.  

Por su parte, la diputada del Partido Obrero en el FIT Romina del Plá presentó un proyecto de resolución que exige al Gobierno la anulación del Convenio Marco del Ministerio de Educación de la Nación con la Fundación que preside Albino, el inmediato cese de todo tipo de financiamiento estatal a la misma, incluido los convenios de distintos gobiernos provinciales como Salta, Misiones y Mendoza.