Allí se brindarán datos cuantitativos y cualitativos de los hechos registrados entre 2012 y el 2015, mientras que para años posteriores los relevamientos tendrán la característica de anuario.

Lo anunció la directora nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de DDHH, Ana Oberlin, quien aseguró: ''Vamos a presentar un primer informe que tendrá como corte temporal desde diciembre del 2012, que es la fecha en que se incorporó la figura de femicidio al Código Penal; pero en los años sucesivos va a hacer anual y estaremos al día, por decirlo de alguna manea''.

''En esta instancia, nosotras estamos recopilando (las cifras de femicidio) desde hace un tiempo y ahora estamos completando esos casos con los expedientes judiciales que ya empezamos a recibir, mientas que en paralelo estamos realizando entrevistas en profundidad a familiares, a otros actores y operadores'', contó.

La Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios Agravados por el Género fue oficialmente puesta en funciones el pasado 5 de junio por el Gobierno nacional, aunque esta dependencia comenzó a trabajar hace ya un año en acciones previas, como el diseño de la base de datos y la rúbrica de acuerdos con distintas dependencias del Estado nacional y provinciales así como con organizaciones de la sociedad civil que funcionarán como fuentes.

''Previo a formalizarlo hicimos una investigación para ver cómo se relevaban los femicidios en países de Latinoamérica y en el mundo, pero nuestro registro es muy diferente a los demás porque el objetivo es hacer un análisis cualitativo, mientras que en otros países se relevan algunos datos pero están enfocados más en lo cuantitativo y eso se nota en la búsqueda de datos'', completó.

Cuantitativamente, el registro dará información detallada organizada según las siguientes variables: femicidios íntimos o no íntimos, familiares e infantiles, vinculados o por conexión, sistémicos (crímenes masivos), en contextos de trata, tráfico de migrantes o de prostitución, por mutilaciones sexuales, o por discriminación de identidad de género o diversidad sexual (como lesbofobia o transfobia).

''Tenemos una base (de datos) de primer nivel que va a poder reflejar no solamente el número de femicidios sino también cuestiones cualitativas como quiénes eran los víctimas y sus victimarios, cómo sucedió el hecho, si hubo una historia previa de violencia y si fue desatendida o no, qué instituciones del Estado fallaron antes de que se produzca el femicidio'', explicó.

En cuanto a las fuentes, Oberlin explicó que además de las dependencias de los gobiernos nacionales y provinciales, y del Poder Judicial; el informé se nutrirá también de notas periodísticas, información publicada en las redes sociales o provista por organizaciones de la sociedad civil o por los familiares de las propias víctimas.

“Nos escriben un montón de personas de todo el país contándonos casos, aportando elementos y nos parece que esto va a hacer que esta base tenga realmente el efecto que queremos, que es poder dar cuenta efectivamente de lo que está ocurriendo en Argentina con los femicidios”, dijo.

Respeto al objetivo del registro, la funcionaria explicó que la información así producida aspira a “servir como una herramienta para el diseño de políticas públicas inteligentes” para evitar nuevos femicidios, así también como verificar “qué hace el poder judicial, porque una las hipótesis a priori es que muchas veces estos casos no son caratulados y tratados correctamente, lo cual promueve la impunidad”.

Por otro lado, Oberlin rechazó que la creación del registro sea una respuesta a la multitudinaria marcha al Congreso que tuvo lugar el pasado 3 de junio bajo la consigna “Ni una menos”, porque la decisión se había tomado y comenzado a ejecutar un año antes.

“Nosotros venimos trabajando desde hace tiempo, pero no quisimos hacer un uso oportunista de esto y por eso no salimos a contarlo antes de la marcha. La falta de un registro era un reclamo muy fuerte del movimiento de mujeres y feminista, y para nosotros está lejos de ser una política de coyuntura porque es un deber del Estado dar cuenta de lo que está pasando y tener esos datos para construir política pública”,