El poder de Benetton: se solidarizaron tras una represión al pueblo mapuche y les armaron una causa

Más de medio año antes de la desaparición de Santiago Maldonado en el río Chubut, la comunidad de Cushamen sufrió distintas represiones.

Luego de la del 10 de enero de 2017 y tras los pedidos de los habitantes del territorio mapuche vía redes de sociales para que los acompañen, siete de las tantas personas que acudieron a la Pu Lof terminaron secuestradas y reprimidas.

Pero no solo eso, a los dos días se enteraron que la Justicia les había inciado una causa por "uso agravado de armas de fuego y resistencia a la autoridad".

Este lunes comenzó en Esquel el juicio a cinco de aquellas personas: Ivana Huenelaf, Jorge Buchile, Daniela González, Gustavo Jaime y Javier Huenchupan. 

En el video que acompaña esta nota, Gustavo Jaime contó el infierno al que fueron sometidos entre que los detuvieron en Cushamen, su paso por el hospital de El Maitén y un nuevo traslado hacia Esquel por el camino de los lagos del Parque Nacional Los Alerces.

"Vamos a mostrar todo y probar nuestra inocencia y buscar nuestra absolución para todos", dijo Ivana Huenelaf antes de ingresar al juzgado este lunes, y concluyó que "acompañar y solidarizarse no es una acción criminal". 

¿Y los policías?

“Los vamos a desaparecer”, gritaban. “India sucia, tomate tu propia sangre”, insultaban los policías y empleados de Benetton que los secuestraron y torturaron y que siguen impunes.

Fueron denunciados por las víctimas, pero nada.

“Vamos por la absolución de todos, pero sabemos que acá está detrás el Ministerio de Seguridad, en un proceso sin pruebas. Sólo el fiscal Oscar Oro que dice tener el ‘convencimiento’ de que tiene un caso”, le dijo a Página/12 el abogado de las víctimas, Edgardo Manosalva. 

“Las fuerzas de seguridad emboscaron a un grupo de civiles, les dispararon con balas de plomo y antitumulto tal como confesaron los policías; los persiguieron, los tuvieron detenidos sin dar información durante 12 horas en diferentes lugares y les armaron un montaje con pruebas que ellos decían tener y que desaparecen", enumeró el letrado.

Y denunció: "Es evidente que borraron las que los comprometían, trucharon actas y mintieron en las declaraciones”.

Mientras lees esta nota, ellos cinco están sentados ante el juez Martín O’Connor, que decidirá su destino, si es que no lo hizo aún.