La Justicia obligó al Gobierno de la Ciudad a publicar la ubicación exacta, de las más de 2 mil cámaras públicas de seguridad, aunque las autoridades de la Policía Metropolitana se niegan a difundir la información.

El juez subrogante en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Darío Reynoso, le dio 30 días de plazo a la administración de Mauricio Macri para dar a conocer el mapa de cámaras públicas en la web oficial por constituir "publicidad calificada que, por su vital importancia, no sólo debe estar disponible para quien la solicite, sino que es el Estado quien la debe ofrecer y publicar permanentemente actualizada".

La demanda que precedió el fallo de Reynoso fue interpuesta por el nieto de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y miembro de la Red Latinoamericana de Tecnología, Vigilancia y Sociedad, luego de que la Policía Metropolitana se negara a cumplir la Ley 2.602, que obliga al Gobierno a publicar la ubicación de las videocámaras en la Ciudad.

Pérez Esquivel describió la funcionalidad de las cámaras como "útiles dentro de un marco integral y planificado de políticas públicas de seguridad", mientras que blanqueó: "Sino es pura propaganda electoral".

"Lejos de planificar -opinó-, el ministro de Seguridad (Guillermo) Montenegro propone a los vecinos votar por Facebook o Twitter dónde quieren poner cámaras, sin ningún tipo de correlación con el mapa de criminalidad. E incluso en varias esquinas las instalaron en los mismos sitios que ya tenía la Nación", agregó para demostrar lo poco que le interesa a la gestión de Macri bajar los índices de delincuencia.

"Sin esta información, la ciudadanía, los organismos de control y el Poder Legislativo" no pueden "controlar el uso legal de las cámaras, ni aportar a una planificación racional en favor de la seguridad de todos", reflexionó el denunciante.

La Ley de Videocámaras fue votada en forma unánime y el año pasado todos los legisladores, incluidos los del PRO, hicieron un pedido de informes solicitando a la Metropolitana la ubicación exacta de las cámaras.

Pérez Esquivel aseguró que el Superintendente de Comunicaciones, Jorge Eduardo Martino, se negó a entregar la información e idéntico comportamiento asumió ante similares pedidos realizados por la Auditoría General de la Ciudad (Proy. 10.11.01/13) y la Defensoría del Pueblo (CPDP-DP Dict. Nº 04/13).

"No es nada del otro mundo: Rosario, París e Inglaterra también publican los puntos de sus cámaras, es un objeto tan público como un cesto de basura; incluso más, mientras la Metropolitana se niega a cumplir la Ley, Nación sí entregó su listado de 1.200 cámaras en la ciudad a algunos Legisladores, tal como establece su protocolo", explicó el sociólogo.

Pérez Esquivel consideró que Macri tiene dar explicaciones de manera urgente sobre sus políticas de vigilancia, porque están "en las puertas de un nuevo escándalo como el de las escuchas".

Las dudas instaladas se relacionan además a la determinación de la cantidad real de cámaras instaladas, así como la especificación del supuesto valor de 125 mil pesos cada una.