Como si no restaran más de 110 mil pensiones por devolver, el ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley presentó un escrito para evitar cumplir el ordenamiento de la justicia, que exigió la restauración del pago de haberes por discapacidad, excusándose en que cumplió con el 7,7 por ciento de las devoluciones.

La cartera de Stanley tiene por objetivo convencer a la Cámara de Apelaciones de que la causa ha devenido abstracta porque ya se rehabilitaron las pensiones antes del dictado de la cautelar, y como argumento adosaron un listado de 9728 titulares que recuperaron su subsidio. Sin embargo, según la Asociación REDI (Red por Personas con Discapacidad), esta presentación se trata de una estrategia para no sincerar los ajustes hasta después de las elecciones de octubre, según informó Página 12.

Las estadísticas de la Fundación Soberanía Sanitaria arrojan que sólo en el primer semestre de 2017 hubo 52.491 pensiones por invalidez suspendidas y 19.215 dadas de baja, que se suman a las de 2016, sumando un total que supera las 126 mil.

Los primeros días de septiembre el Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8, a cargo de la jueza Adriana Camaratta, atendió el reclamo de REDI y ordenó al Ministerio de Desarrollo Social el restablecimiento de las pensiones “de forma inmediata”, pero lejos de cumplir la orden, el ministerio de Stanley apeló y obtuvo la dilación hasta que el tema se trate en la Cámara de Apelaciones.

Ahora, la cartera social realizó un nuevo planteamiento de “cosa abstracta” para dilatar aún más la decisión, es decir, que todo depende de la presentación del estudio de un caso concreto sobre el cual expedirse, y así evitar que se declare una cuestión abstracta.

Como elementos probatorios, el Ministerio presentó copias de las disposiciones emitidas por un funcionario polémico -el entonces presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guido Badino, quien había asegurado que las personas con Síndrome de Down pueden trabajar– y dos planillas, con 9683 beneficiarios sobre un segmento social de 126 mil casos. Es decir, el Gobierno continúa sin dar precisiones a la Justicia sobre altas y bajas.

“La documentación aportada no resulta suficiente para el efecto que busca obtener la demandada, ya que ella no permite asegurar que la totalidad de las prestaciones han sido efectivamente reintegradas”, dijo a página 12 la abogada de la Asociación REDI, Varina Suleiman.