La Justicia santiagueña imputó a 24 docentes por presunta defraudación calificada y falsificación de instrumento público porque presentaron certificados médicos aparentemente apócrifos por enfermedades que no habrían padecido, con lo que lograron cobrar el salario por días que no trabajaron.

La investigación se originó con dos denuncias que realizaron asesores letrados del Consejo General de Educación ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional de Tercera Nominación, que abarcaban a 47 personas sospechadas de la maniobra delictiva.

El juez Darío Alarcón amplió ayer una primera imputación y se elevó a 24 la cantidad de educadores de distintos niveles que deberán responder al requerimiento del fiscal de instrucción, Julio Vidal. 

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron que sólo una de las acusadas está privada de su libertad y ayer fue indagada, oportunidad en la que se proclamó inocente de los cargos que se le atribuyen.

En tanto, ya ingresaron en la Justicia pedidos de eximición de prisión. Según las fuentes, se descubrió que algunos docentes llevaban más de un año sin asistir a sus lugares de trabajo merced a certificaciones médicas adulteradas.

Los profesionales de salud que se desempeñan en la Dirección de Reconocimiento Médico fueron citados a testificar y declararon no reconocer como suyas las firmas en los documentos que presentaron los acusados y por los que se les otorgaban las licencias por enfermedad.

De todas maneras, la defensa de la única detenida que tiene la causa adelantó que solicitará que se realicen pericias caligráficas ante la posibilidad de que médicos auditores también formen parte del presunto grupo delictivo.

Por otra parte, desde Fiscalía de Estado se pedirá copias del expediente al juez Alarcón para iniciar las acciones legales y administrativas tendientes a recuperar el dinero que fue abonado a los docentes que no trabajaron sin real justificación.

Por efecto de esta situación, la cantidad de pedidos de licencia por razones de salud en Reconocimiento Médico para el sector docente decreció a 70 por día, cuando el promedio antes del escándalo era de alrededor de 200, revelaron fuentes de ese organismo.