Pese a que la concesión entre la sociedad de Elazar y el club venció el 31 de enero del 2015, la empresa continúa funcionando en el lugar. Por esta razón, el pasado 17 de marzo el juzgado Comercial N° 21 de la Ciudad de Buenos Aires determinó que esos espacios públicos son usurpados, razón por la cual deben ser abandonados de inmediato o en caso contrario se recurriría al uso de la fuerza pública.

La denuncia penal contra el esposo de la magistrada fue presentada por la actual comisión directiva del Club Ciudad de Buenos Aires ante la justicia contravencional de la ciudad por los delitos de Usurpación y Violación de clausura, con el fin de recuperar sus terrenos.

En la denuncia constan también amenazas de barras bravas de otros clubes que habrían sido enviados por el propio esposo de Arroyo Salgado para intentar frenar el pedido de desalojo.

Elazar, socio y apoderado de múltiples sociedades como Nuevas Canchas SRL, Ciudad Sports S.A, D.D.M. y Dormi S.A., firmó en 1996 un acuerdo en favor de la primera de sus sociedades, sacando provecho del vínculo personal, económico y político que mantenía con miembros de la vieja comisión directiva del Club.

El contraatque de Elazar

Asimismo, se reveló que como parte de la presión que habría ejercido Elazar para evitar desalojar las instalaciones, el marido de la letrada denunció penalmente a las autoridades del club a través de su madre -Lía Norah Pazienza-, quien como “prestanombre” demandó una supuesta retención de aportes patronales por parte de dichas autoridades.

Si bien desde el Club Ciudad de Buenos Aires, a través de Alberto Keitelman, secretario de Seguridad, argumentaron que la denuncia no tienen ningún fundamento, señalaron que a raíz de los fuertes vínculos judiciales que tienen Elazar y la propia Arroyo Salgado, en diciembre pasado el club fue sorpresivamente allanado por fuerzas de seguridad en busca de papeles que prueben el delito, asustando a los socios del club que practicaban deporte con normalidad.

Lo llamativo, indicaron desde el club, es que días antes del allanamiento las autoridades de la institución habían ofrecido voluntariamente acercar toda la documentación al Fiscal.

La justicia finalmente no encontró pruebas que demuestren la comisión de un delito por parte del club y, por el contrario, a partir de la documentación registrada la AFIP confirmó que la crisis financiera del club es consecuencia de las irregulares condiciones en las que trabajaban los empleados de las empresas de Elazar, muchos de ellos despedidos para no iniciar contratos formales.

Debido al desconocimiento de las verdaderas condiciones en la cual estaban contratados, varios despedidos denunciaron al club en lugar de a la empresa de Elazar, y el club debió financiar las indemnizaciones con su presupuesto por tan sólo haber cedido el predio.

Esta situación fue la que generó que el club inicie una denuncia por evasión tributaria contra Elazar y Ciudad Sports S.A.