Ya no se trata de suspender actividades que hoy parecen suntuarias, como ir al teatro o a cenar afuera una vez por semana; ni siquiera con tener que comer menos o alimentos de menor calidad. Con Mauricio Macri, hasta la salud se ve afectada.

De acuerdo a los resultados de la encuesta del Programa de Estudios sobre la Salud en la Argentina (Proesa) de Poliarquía Consultores y Prosanit, uno de cada tres ciudadanos argentinos suspendió algún estudio diagnóstico o un tratamiento para reducir los gastos familiares.

Y, como era de esperar, estos recortes alcanzan especialmente a los más pobres: un tercio de las personas que van al hospital, en comparación con apenas uno de cada diez usuarios de servicios privados, revelan los resultados.

Entre los afiliados a obras sociales y mutuales, el 23 por ciento declaró haber suspendido tratamientos por idéntico motivo, y el 34 por ciento de los afiliados al Pami se vio forzado a hacer lo mismo por motivos económicos.

Tal es la gravedad de la situación que, hoy por hoy, el 77 por ciento de los encuestados opina que el acceso a una atención de calidad es más "un privilegio de elites" que un derecho universal.

En ese sentido, un 56 por ciento de los 1.288 encuestados (todos mayores de 18 años) opina que el acceso no es equitativo porque "unos pocos" tienen acceso adecuado a los servicios que necesitan y el 21 por ciento considera que el acceso es prohibitivo.