El interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), Luis Riva, argumentó con "razones de mercado" la decisión de cerrar la planta que funcionaba en la localidad bonaerense de Azul, dejando 219 trabajadores en la calle quienes protagonizan protestas en el Consejo Deliberante, un corte en la ruta 3 y distintas marchas en las calles de la ciudad.

La DGFM posee cinco plantas en todo el país y determinó que debían bajar la persiana de la que tienen en Azul luego de un estudio, en función de la demanda y el costo de producción “que son altísimos comparado con otros países” y que derivó en “una reorganización de las producciones”, según Riva. La situación de Azul se suma a los 30 despidos en Villa María, 29 de Río Tercero, 35 de Fray Luis Beltrán y 16 de la sede central.

Riva había dicho a una radio de Olavarría que tenía prevista una reunión con ATE y sus delegados, pero en una segunda entrevista desconoció el encuentro. Cuando los delegados se presentaron en las oficinas del interventor les informaron que se suspendía por cuestiones de agenda. Los representantes sindicales creen que fue una orden directa del ministro de Defensa, Oscar Aguad

El interventor informó que 25 trabajadores permanecerán en la planta para garantizar la seguridad del material: tras una breve capacitación, deberán llevar adelante estrictos controles de temperatura para el almacenaje del polvorín de cerca de 180 mil kilos de dinamita y otros explosivos.

Lejos de creer en las declaraciones de Riva, los trabajadores y vecinos aseguran que el real motivo es la posibilidad de explotar 1200 hectáreas productivas de manera agroindustrial, en una de las mejores zonas de la Provincia. Según esta versión la sociedad rural local estaría presionando para hacerse de esos terrenos en complicidad con el gobierno, pero también con un plan de negocios inmobiliarios para la creación de un complejo turístico en las sierras situadas dentro del territorio de Fanazul.