Se trata de Gonzálo Sánchez, conocido como "Chispa", quien fue detenido en la tarde del lunes por la Policía Federal brasileña en la ciudad de Paraty, en la región sur del estado de Río de Janeiro, por una orden de captura del Supremo Tribunal Federal de Brasil, para extraditarlo a la Argentina.

Sánchez era uno de los represores prófugos de la Causa ESMA. Está imputado por su participación en el grupo de tareas que asesinó y desapareció a Rodolfo Walsh en 1977. También participó de los vuelos de la muerte.

Sánchez, de 69 años, fue detenido por orden del juez Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal, que tramita la extradición.

Este será el primer caso de extradición sobre asuntos de derechos humanos del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien reivindica a la dictadura militar brasileña y recientemente elogió a los ex dictadores Alfredo Stroessner, de Paraguay, y Augusto Pinochet, de Chile.

En un comunicado, la Policía Federal de Brasil informó que Sánchez participaba también de los llamados 'vuelos de la muerte' para lanzar al Río de la Plata y al Océano Atlántico a secuestrados detenidos desaparecidos.

"El pedido de prisión preventiva para extradición fue formulado por la representación nacional de Interpol, con base en informaciones de las Alertas Rojas incluidas allí por las autoridades argentinas", dice el comunicado.

Sánchez había sido detenido en 2013 en la ciudad de Angra dos Reis, también en el litoral sur de Río de Janeiro, para extradición, pero en 2016 obtuvo la prisión domicilaria, de la que se escapó.

Sánchez se había radicado en Brasil para trabajar en la industria naval en el litoral de Río de Janeiro.

Un nuevo pedido de captura llegó en 2019 y el Supremo Tribunal Federal autorizó la extradición hacia Argentina.

El pedido de captura reciente fue realizado el 29 de enero por el ministro Fux, del Supremo Tribunal Federal.

Las instituciones involucradas en la captura del represor se encuentran en el primer plano de tensión política de Brasil.

El Supremo Tribunal Federal investiga esta semana a Bolsonaro por supuesta manipulación para controlar las investigaciones sigilosas de la Policía Federal.

Bolsonaro y su Gobierno reivindican a la dictadura brasileña, cuyos autores de crímenes contra la humanidad no fueron juzgados en virtud de la Ley de Amnistía de 1979, que permitió la transición democrática pero también una barrera para evitar procesar a los militares.