Los organizadores de la Marcha del Orgullo Gay pusieron el grito en el cielo y advirtieron que el Gobierno de la Ciudad se niega a garantizar la seguridad de quienes asistan al evento pautado para el sábado 15 de noviembre.

"Ante las incertezas jurídicas sobre el derecho a la libertad de expresión creadas recientemente por un fallo de la justicia y la medida inconstitucional del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que viene delegando por resolución el deber de seguridad sobre la ciudadanía en general, denunciamos que peligra nuestra marcha”, reza el comunicado firmado por las 30 organizaciones que convocan para reivindicar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer.

Los organizadores explicaron que la autoridades porteñas “delegan la seguridad en las organizaciones sociales y políticas al momento de otorgar permisos para actos de interés general o políticos en el espacio público, igualándolos a eventos con fines particulares o de lucro en espacios concesionados o privados”.

Y alertó sobre “la gravedad de esta política” y advirtió a las organizaciones sociales y políticas “sobre el peligroso condicionamiento a la libertad de expresión y el peligro de quiebra patrimonial de las organizaciones que implica esta decisión”.

Esto “ha sido legitimado recientemente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en su fallo en la causa ‘Arregui Diego Maximiliano c/ Estado Nacional -PFA y otros s/ daños y perjuicios’, que ha pasado recientemente por recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se encuentra a la espera de resolución”, añadieron.

El fallo fue calificado como “amedrentador” por las ONG pues dispuso que la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) debe pagar daños por 470.000 pesos a un transeúnte “por un delito común ocurrido en la vereda de la plaza donde desarrollaba un acto, diciendo que la organización ‘omitió su deber de seguridad al no ejercer el poder de policía que le delegó el Gobierno CABA’, a fin de prevenir lo ocurrido”.

Ante esta situación, la Comisión anticipó que “estamos en peligro potencial de quiebra económica de las organizaciones sin fines de lucro y el debilitamiento de nuestro derecho a la libertad de expresión en la vía pública”.

Por todo esto, “peligra sin dudas la continuidad de la organización de las marchas del orgullo LGTBIQ, uno de los actos democráticos más grandes del país”, enfatizaron.