Con gran preocupación ante la negativa del Máximo Tribunal argentino de tratar el pedido de prohibición para que la Policía porte las pistolas Taser -armas de descargas eléctricas- el Observatorio de DDHH recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que este tribunal internacional aceptó analizar la preocupante situación.

"En nombre de la CIDH acuso recibo de su comunicación, mediante la cual se presenta una denuncia contra Argentina", respondió el secretario ejecutivo del Tribunal, Paulo Abrão.

Las disputas judiciales para intentar al Gobierno a dar marcha atrás en su decisión de darle a los efectivos, comenzaron en 2010, pero hasta la resolución de la Corte Suprema apenas comprendía el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Con la aceptación de la CIDH para su tratamiento, la denuncia cobra un carácter nacional.

El Observatorio de DDHH, con apoyo de expertos como  Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Lita Boitano (Organización Familiares de Detenidos Desaparecidos), Gisela Cardozo (APDH), el embajador de buena voluntad de la UNESCO, Miguel Ángel Estrella, Myriam Bregman (CEPRODH) y Mario Juliano (Asociación Pensamiento Penal), entre otros, advirtió que el uso de Taser X26 "afecta el derecho a la salud e integridad física de sus víctimas y resulta riesgoso para la vida de las personas que sufran su aplicación".

"Se intenta prevenir situaciones de posible encubrimiento o impunidad policial que favorezcan un uso abusivo de las Taser X26, por las propias características de funcionamiento de éstas, en tanto no dejan marcas sobre el cuerpo", expresaron en el pedido que recibió el tribunal internacional.

"Creemos que es una señal muy potente. Pone la denuncia al Estado argentino en cabeza de un premio Nobel de la Paz", remarcó el abogado de la ODH, Demian Konfino en declaraciones a minutouno.com. "Hasta la Corte Suprema el pleito fue con el Gobierno de la Ciudad, ahora es contra el estado nacional por incumplimiento de pactos internacionales por no tomar medidas para evitar la tortura, prohibiendo las Taser", remarcó.

Cronología

En 2010, el ODH tuvo dos fallos a favor, en los que la justicia consideró que la compra de Taser para la Ciudad "causaba una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales" y que "en nada impedía a la Metropolitana el ejercicio de sus funciones de seguridad, ya que se utilizaban actualmente otro tipo de armas no letales".

Fue en 2013 que el entonces Jefe de Gobierno Mauricio Macri, consiguió el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, para el uso de las pistolas que se asemejan a "picanas eléctricas", mostrando su intención de desligitimar a las organizaciones de DDHH.

El ODH insistió más tarde con un Recurso Extraordinario Federal y otro de Queja ante la Corte Suprema, aquella vez con las firmas de como Amicus Curiea de Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, los gremios UTE-CTERA, ATE y SITRAJU, el CELS, la CHA y la APDH, entre otros. Sin embargo, un año atrás los ministros de del tribunal supremo Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda decidieron no analizar el caso, y autorizar a la fuerza metropolitana a llevar las pistolas eléctricas en la cintura.