Las modificaciones todavía no están confirmadas y podrían postergarse hasta la firma del dictamen, prevista para el jueves 7 o el martes 12 de junio, o incluso hasta la discusión en el recinto, programada para el miércoles 13. La versión final del proyecto está supeditada al resultado de las negociaciones en curso.

Según se supo, los cambios serían al menos cuatro. El primero sería sobre la regulación de la objeción de conciencia, que no estaba elaborada por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Se evalúa permitir que los médicos se nieguen a interrumpir un embarazo, pero sólo habilitaría esas situaciones de manera excepcional para los profesionales que se inscriban con anterioridad en un registro público. Los centros de salud cargarían con la obligación de contar en su plantel con médicos dispuestos a garantizar el cumplimiento de la ley. 

El segundo punto se refiere al artículo 8 del proyecto, que habilita a las adolescentes de entre 13 y 16 años a practicarse un aborto sin la autorización de sus padres. Para evitar polémica, se analiza eliminar el artículo y dejarlo supeditado a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial.

Esa norma indica que los jóvenes de entre 13 y 16 años "tienen aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física". Agrega que si se trata de tratamientos invasivos, "el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores", y que en caso de conflicto entre ambos "se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica".

Un tercer cambio consiste en poner a disposición de las mujeres que manifiesten su voluntad de abortar toda la información necesaria para que tome una decisión informada. Esta instancia no incluiría un período de reflexión y no afectaría el plazo máximo de 5 días estipulado en el proyecto para la realización del aborto desde el momento en que la mujer asiste al centro de salud.

La cuarta modificación apunta a reforzar las políticas de salud sexual y reproductiva. Es una forma de dotar a la iniciativa de un enfoque integral que permita neutralizar los argumentos de los diputados que proponen reforzar la prevención en lugar de legalizar el aborto.