El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Auditoría General de Asuntos Internos, exoneró al represor Miguel Etchecolatz, jefe de la Policía durante la última dictadura y mano derecha de Ramón Camps.

La decisióon también incluyó a otros doce efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires que también participaron en las acciones de la Dictadura, informó la cartera que conduce Cristian Ritondo. Se trata de: Carlos García, Horacio Elizardo Luján, Bernabé Jesús Corrales, Fernando Svedas, Miguel Gerónimo Kearney, Raúl Orlando Machuca, Sergio Arturo Verduri, Pedro Antonio Ferriole, Mario Víctor Nicodemo Sita, Luis Vicente Patrault y Santiago Antonini 

Pese a las condenas que tenía en su contra, Etchecolatz, así como los otros efectivos, todavía pertenecían a la fuerza, ya que figuraban como retirados y conservaban sus condiciones como policías. Es decir, gozaban de los benificios de cualquier retirado. 

En relación a la medida, el titular de la cartera de Seguridad, Cristian Ritondo, afirmó que el Gobierno no podía "dejar a estas personas con estado policial, ya que era una falta de respeto a la democracia y un mal ejemplo para la fuerza", reprodujo Infobae. 

El pedido de exoneración, que fue efectivo el pasado 8 de agosto, informó el Ejectuvo, y fue el resultado conjunto de diferentes organismos de derechos humanos, luego de una investigación administrativa que Asuntos Internos inició el año pasado, en donde se constató   que estos represores todavía eran parte de la fuerza.

Etchecolatz, quien permanece detenido en la cárcel de Ezeiza, apeló la medida pero fue rechazada su presentación. Al momento de firmar el expediente, el represor escribió "priosionero de guerra", informó el mismo medio. 

El genocida, fue la mano derecha del ex general Ramón Camps, Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la Dictadura cívicvo militar- Fue el responsable directo del operativo contra un grupo de adolescentes conocido como la Noche de los Lápices; inicialmente condenado a 23 años de prisión como responsable de haber ejecutado 91 tormentos. En 2006, luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue enjuiciado nuevamente y condenado a reclusión perpetua por homicidios, torturas y privaciones ilegítimas de libertad, considerados "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los años 1976 y 1983".