Este martes, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, denunció que en el marco de la causa por la quiebra de su fundación la Justicia secuestró una camioneta con papeles que son parte de su archivo documental y se encuentran en vigilia en resguardo de ese material que exige que se les devuelva.

“No los quieren devolver, por eso pedimos ayuda para cuidar el material que está en Condarco y Franco frente a la estación de Villa Pueyrredón, es un depósito policial por eso hay que tratar de protegerlo para que nadie se lleve la camioneta con los papeles adentro”, expresó Bonafini en conferencia de prensa. “Tuvimos un día fatal, nos hicieron de todo, nos cortaron los teléfonos, más daño no pueden hacer, pido a quienes nos puedan acompañar, como cuidamos la casa hay que cuidar esa camioneta”, dijo.

La Policía de la Ciudad realizó el procedimiento sobre la avenida General Paz, en el que interceptó y secuestró un utilitario que usan las Madres para trasladarse. La Asociación denunció que la justicia secuestró documentación de su archivo histórico sin valor comercial ni económico y completamente ajeno a la causa por la quiebra de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo que tramita en el juzgado comercial del juez Javier Perillo, quien ordenó el operativo. Aseguraron que se trata de “otro paso más en la persecución judicial” a ese organismo de Derechos Humanos.

“El gobierno siguió, frenó y secuestró una de las camionetas que utilizan las Madres para movilizarse. Se apropiaron parte del archivo histórico”, denunció la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

El secuestro de los materiales se produjo en Avenida General Paz y Constituyentes, luego de que los uniformados hicieran el seguimiento del vehículo por algunos kilómetros. Los documentos fueron trasladados en varias cajas junto al utilitario a la comisaría 12B, ex 39, en Olazábal al 5400.

Bonafini convocó a la militancia a concentrarse frente al galpón donde está la camioneta y los papeles. El decomiso se produjo en el marco de la quiebra de la Fundación que ese juez decretó en junio de 2017 cuando determinó la “insuficiencia de fondos” en el marco de un juicio laboral iniciado por un ex empleado que reclama una indemnización de 120 mil pesos.

Fuente: Página 12.