Si bien se publicó ahora en el Boletín Oficial, la decisión ya había sido tomada el 14 de febrero por la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante. La prórroga incluye las concesiones de las zonas 3, la 10 y la 11. 

Las empresas podrán seguir prestando un servicio que da ingresos millonarios. Cálculos hechos por la oposición a los que puedo acceder Diario Registrado, indican que el negocio de dar la Verificación Técnica Vehicular ronda en la provincia de Buenos Aires los 5 mil millones de pesos. El número se desprende del parque automotor existente en la Provincia multiplicado por el valor actual de la VTV (876 pesos).

Por dar un ejemplo de la zona 1 -que abarca Tigre, Vicente López, Zárate, San Martín y San Fernando-,  las empresas VTV Norte y la VTV Metro tuvieron ingresos de entre en 2017 de alrededor de 10 millones de euros. Esas firmas fueron absorbidas por la sueca Opus Inspection, que lidera Rubén Fabián Rocca. Fiel a su apellido, el gerente se formó en Techint y luego tuvo un paso por las empresas Roggio. La concesión vencía en 2018 pero también fue prorrogada por Vidal. 

Según dijeron sus voceros, el gobierno de Vidal da esta concesión a la espera de generar reformas en el sistema de control vehícular, es una medida provisoria, a la espera de implementar el modelo que rige en la Capital Federal.

Sin embargo, a mediados de 2017 la Gobernadora ya había prorrogado por decreto la concesión de las VTV por dos años. Para esa época, el Frente Renovador había presentado un proyecto que buscaba terminar con las concesiones "monopólicas" y liberalizar el acceso para que cualquier taller -previa aprobación de una autoridad de control- pueda dar la VTV.

El proyecto que lleva la firma del diputado Ricardo Lissalde prometía que la competencia entre empresas iba a permitir una baja en el precio de las obleas para los usuarios. Sin embargo, Cambiemos desestimó el proyecto y en su lugar se prorrogó la concesión por decreto.

En 2015 se cumplió el plazo original de veinte años de la concesión. El entonces gobernador Daniel Scioli también prorrogó por un año más las licencia. También en ese momento se intentó romper el negocio para pocos controladores, pero con una lógica diferente.

El diputado peronista Walter Abarca presentó en 2015 un proyecto que proponía municipalizar la VTV. De esta manera, los ingresos iban a quedarle a los distritos y un porcentaje iría a las provincias. Vale aclarar que si bien actualmente rige un canon que las empresas le pagan a la Provincia, no está claro cuál es es el monto. Es una de las sombras de este gran negocio de control vehicular que se quedan los privados. 

El junio del año pasado la VTV aumentó el 42,7%, pasando de $614 pesos a $876. La VTV es obligatoria para circular en la Provincia y deben hacerla todos los vehículos que tengan más de dos años de antigüedad. No tenerla implica pagar multa.