Unicef admitió este miércoles la necesidad de rediscutir el régimen penal de menores -ley 22.278-, pero en contra de bajar la edad de imputabilidad, ya que sería dar "un paso atrás" en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, y no se estarían respetando los estándares internacionales.

La oficial  nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, María Angeles Musraca habló con Telam y dijo que "la normativa vigente es incompatible con los derechos de los niños. Se trata de una ley elaborada durante la dictadura de corte tutorial, que es necesario modificar". 

Y agregó que la posición de Unicef es "no bajar la edad de imputabilidad" porque sería "dar un paso atrás".

"Bajar la edad de imputabilidad de los menores es dar un paso atrás, retroceder. A Unicef le interesa que se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad", dijo Misuraca. 

Además consideró que cuando se establecen penas para jóvenes, se puede primar en los jueces la creatividad necesaria como para que dicten "buenos fallos", que piensen soluciones acordes y no recurran sólo a la privación de la libertad.

"Hay buenos jueces, creativos, y buenos fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Justicia", confió la funcionaria del organismo internacional. 

Para Misuraca "el eje de la justicia penal infantil debe ser la prevención y alejada de la ley penal", respetando la Convención Internacional de los derechos del Niño. 

Cuestionó la normativa vigente del criterio discrecional a la hora de decidir la detención y privación de la libertad de un menor cuando comete un delito, y lo relaciona con el estado de pobreza, abandono o falta de asistencia al niño o adolescente y que "la privación de la libertad debe ser la excepción" y se debe fortalecer "las políticas públicas" porque "los derechos de estos jóvenes se han vulnerado previamente al no tener un sistema de protección presente con anterioridad a cometer el delito".

Según un relevamiento realizado con Unicef en 2015, hay 82 menores de 16 años privados de su libertad (el 6,3%), entre 16 y 17 años hay otros 789 (60,5%), es decir un total de 871 sumando ambas edades. El resto son jóvenes que hoy tienen más de 18 años, pero que cometieron sus infracciones siendo menores. La suma total de jóvenes privados de libertad es 1305.

Fuente: Télam