El Acuerdo por una Seguridad Democrática (ASD), integrado por referentes políticos y sociales de diversos partidos y organizaciones, presentó este jueves en el Salón Azul del Congreso Nacional un documento titulado “Para más seguridad, más democracia”.

Allí, denunció según reza un documento de más de 600 firmas el carácter "demagógico que se quiere imponer a la discusión pública en torno del anteproyecto de reforma del Código Penal y reivindica la necesidad de dar un debate abierto, plural y con rigor técnico" en el parlamento nacional que "permita arribar a soluciones efectivas en materia de seguridad".

El acto comenzó con el discurso de Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, que señaló: “En los últimos días se ha fortalecido un discurso oportunista de demagogia punitiva que intenta consolidar un endurecimiento represivo fuera de toda racionalidad democrática y especula con la desinformación de la opinión pública”.

El texto del ASD subraya que “las reacciones ante el tratamiento de un anteproyecto de ley para modificar el Código Penal sirven de base para el despliegue de argumentos autoritarios, tanto en su perspectiva penal, como en su desprecio por las instancias de debate institucionales”.

En tanto, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, sostuvo que "estamos seguros que el objetivo de pacificar la sociedad argentina no se consigue incrementando los niveles de violencia y no se consigue torpedeando los acuerdos transversales entre distintas fuerzas políticas que, paradójicamente, son el reclamo constante de los mismos que, cuando se producen, los denuncian y sabotean.”

En la presentación, además de Cañón y Verbitsky, participaron los diputados nacionales Horacio Pietragalla y Leonardo Grosso -por el FPV-, Manuel Garrido -de la UCR-, el legislador de la Ciudad por FPV, Jorge Taiana, la titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rebori y Raquel Witis, víctima de la violencia policial.

Entre el público acompañaban varios legisladores y legisladoras de diversas fuerzas políticas nacionales como Diana Conti, Jorge Rivas y Carlos Raimundi, y de la Ciudad como Pablo Ferreyra y José Cruz Campagnoli.

También estuvieron presentes representantes de organismos de derechos humanos como Lita Boitano y Jorge Morresi de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, representantes de la Defensoría General de la Nación y el titular de la Procuraduría contra la violencia institucional (Procuvin), Abel Córdoba.