El fiscal le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que "se intime al área correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que realice un informe pormenorizado sobre el destino dado a los fondos consignados como pauta publicitaria a todas las emisoras mencionadas, las irregularidades detectadas en la contratación de los proveedores publicitarios, y la publicación de la información oficial al respecto en el sitio web del GCBA".

El dictamen tiene seis carillas en las que precisa que "la causa se inició el 9 de septiembre del corriente año en virtud de la denuncia formulada ante la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad por Julia Merediz, en representación de la 'Cooperativa de Trabajo La Usina de Ideas Ltda'".

El fiscal señaló que el denunciante "acusó a Pablo Facundo Gaytan, titular de la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Miguel Ángel Godoy, a cargo de la Secretaría de Medios del gobierno porteño, por presuntas irregularidades en la contratación de los proveedores publicitarios, la distribución de la pauta y la publicación de la información oficial al respecto en el sitio web del GCBA".

"En concreto, lo que se denuncia es que detrás de la publicación de datos falsos relativos a la distribución de la pauta publicitaria en el sitio web del GCBA se esconden maniobras destinadas a desviar fondos millonarios del gobierno porteño. La denunciante entiende que los comportamientos que se explicarán a continuación podrían encuadrar en los delitos de peculado, falsificación de documentos privados y/o lavado de dinero", reseña el fiscal".

Tras citar diversos medios de comunicación que quiere investigar, Delgado apunta que "en las maniobras denunciadas se encontrarían involucradas empresas y sociedades que actuarían como intermediarias entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los medios de comunicación".

"Son los llamados 'bolseros' a nombre de quienes se factura la pauta publicitaria de los medios de comunicación. Un nombre que se repite en la mayoría de los casos es el de María Luz Altobelli, una esteticista que -según surge de la documentación acompañada- tendría un spa y una clínica de liposucción en San Isidro llamada “Gerove”, y sería una de las encargadas de ofrecer la pauta del GCBA", describe.

En esa línea concluye que "corresponde que se emprenda una profunda investigación para determinar qué ocurrió con los fondos públicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que fueron falsamente consignados como pauta publicitaria, cuando en realidad fueron llamativa y burdamente desviados. Lo esencial será develar el destino de esos fondos millonarios".

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