Desde los organismos de Derechos Humanos advirtieron al gobierno porteño por la criminalización de a protesta y el uso de la fuerza pública para amedrentar a estudiantes y sus familias.

El efecto inmediato fue que algunos establecimientos se plegaron a las tomas en solidaridad y en la mayoría de las escuelas se están realizando asambleas para determinar los pasos a seguir.

El odio del gobierno porteño por la educación pública se hizo más que visible con el uso de la policía para ir a las casas de los alumnos en un hecho que recuerda los tiempos más oscuros del país.

Los reclamos son claros, mejoras edilicias, viandas dignas y que se revea el sistema de pasantías para que los chicos no vayan a trabajar gratis a empresas amigas del gobierno. Pero Larreta parece no querer escuchar y endureció su postura, tal vez para demostrar para adentro del partido que no es un tibio tal como lo conisdera Patricia Bullrich.

El conflicto promete seguir escalando.