Suspenden al jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires
El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño dispuso la ''suspensión preventiva'' del jefe de la fuerza, José Pedro Potocar, tras una denuncia que lo señala como parte de un grupo de agentes que cobraba coimas a trapitos y comerciantes del barrio de Núñez, a cambio de “protección”.
El jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, José Pedro Potocar, fue suspendido en sus funciones en forma preventiva "para preservar una investigación judicial en la que está mencionado y la normal prestación del servicio de seguridad", se informó oficialmente.
La medida, que fue dispuesta a través del decreto 139/17 del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por recomendación del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, “preserva el principio de inocencia de Potocar y se adopta hasta tanto se resuelva su situación procesal” en una causa que tramita el juez de instrucción Ricardo Farías, indicó un comunicado de prensa difundido anoche.
Mientras tanto, la conducción de la Policía de la Ciudad continuará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Marcelo D’Alessandro.
El nombre de la máxima autoridad de la fuerza que responde a Horacio Rodríguez Larreta apareció cuando Marcelo Stefanetti, uno de los oficiales detenidos en la causa a cargo del Juzgado Criminal y Correccional número 14, se quebró y dijo que Potocar y el comisario Norberto Federico Villareal (actualmente prófugo) se llevaban “entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales cada uno”.
Potocar también figura entre los papeles que fueron secuestrados en despachos de policías detenidos en la investigación encabezada por el juez Ricardo Farías y el fiscal José María Campagnoli. En esa documentación se hallaron alusiones a los jefes de la Comisaría 35, a la Superintendencia Metropolitana y a Potocar, que para esa época estaba al frente de la Dirección General de Comisarías (DGC).
La investigación determinó que a los comerciantes de Núñez se les cobraban entre 1500 y 3500 pesos para brindarles “protección”, mientras que a los “trapitos” se les exigía entre 400 y 500 pesos para no multarlos por la contravención.