Por fallo unánime de la Sala V de la Cámara de Apelaciones revirtió la decisión en primera instancia que avalaba la Ley en Defensa de la Libertad de Expresión del PRO. Se otorgó una medida cautelar que le dio la razón a  la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los jueces consideraron que 19 de los artículos impulsados por el oficialismo porteño impedían la aplicación de  la Ley de Medios nacional en el territorio de la Ciudad. La administración PRO adelantó que apelará la decisión.

La ley porteña de medios aprobada hace casi un año se originó en un Decreto de Necesidad y Urgencia redactado por Mauricio Macri, quien justificó el mismo por un trascendido periodístico de una "supuesta intervención nacional en el multimedios Clarín". Desde CN23 remarcaron "lo peligros de que un jefe de gobierno porteño forme parte de la estrategia de un grupo empresario para no aplicar la ley".

El reclamo por la inconstitucionalidad de la ley macrista fue presentado el 8 de julio del año pasado por la AFSCA y rechazado en primera instancia por la jueza Liliana Heiland, la misma magistrada que había convalidado una cautelar para evitar que la empresa LAN fuera desalojada del hangar que ocupaba en Aeroparque.

Los camaristas Guillermo Treacy, Jorge Federico Alemany y Pablo Gallegos Fedriani decidieron hacer lugar a la medida cautelar en base a la "verosimilitud" del planteo interpuesto por la AFSCA y señalaron: "Se advierte que prima facie las disposiciones contenidas en la Ley de la Ciudad de Buenos Aires interfieren con el ejercicio de las atribuciones conferidas a la autoridad federal por la Ley Nº26.522 en cuanto a los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina".

Sergio Zurano, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de AFSCA se mostró conforme con la decisión de la Cámara y agregó: "Esa ley (del PRO) pareciera que protege mas los interés de algún particular radicado en la Ciudad que de la totalidad de la ciudadanía llegando al extremo, entre otras inconsistencias jurídicas, de prohibirle fiscalizar a la AFSCA que no haya interferencias en la seguridad aeroportuaria".