El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a declaración indagatoria al los exfuncionarios de Planificación, el detenido Julio De Vido y a Roberto Baratta, además de conocidos empresarios como Ángel Calcaterra, el brasileño Marcelo Odebrecht e Ignacio Soba Rojo -imputado también en la compra de trenes a España y Portugal- en la causa que investiga el presunto pago de sobornos en torno a la adjudicación de las obras de soterramiento del tren Sarmiento.

Según informó Telam, De Giorgi citó a 49 imputados, incluyendo a Jorge 'Corcho' Rodríguez, sindicado como supuesto intermediario. Las pruebas en la causa, sostuvo el juez, "permiten sustentar el estado de sospecha instaurado en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio en cuestión, que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas" a entonces funcionarios públicos, según el fallo.

De Vido, Baratta, el también detenido ex secretario de Obras Publicas José López y a los ex ministros de Transporte Ricardo Jaime (también preso) y Juan Pablo Schiavi, son los hombres de la función pública que deberán presentarse, mientras que por el sector empresario los señalados son algunos integrantes de IECSA SA del Grupo Macri (Ángel Antonio Calcaterra y Santiago Altieri ) Ghella SA (Gianvincenzo Coppi y Mario Blanco) Odebrecht y CAESA SA (Ignacio Soba Rojo) todas parte del consorcio que se adjudicó las obras.

"Los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados en autos, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan, a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular" de la licitación, remarcó el juez en la resolución, según reprodujo ambito.com.

De acuerdo a la interpretación del juez, "se observa que, en lo que respecta a la obra para soterrar el Ferrocarril Sarmiento, por el momento, se ha podido distinguir que los pagos en cuestión se habrían materializado de dos maneras: 1) a través de pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes y 2) mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su División de Operaciones Estructuradas, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore".