Se realiza una juntada de firmas para que se prohíba a policías porteños actuar de civil
La activista y abogada transgénero, Cristina Montserrat Hendrickse, está detrás de la iniciativa que en pocas horas ya juntó más de 6 mil firmas. Es en el marco del asesinato de Lucas González en un caso de "gatillo fácil".
"Basta de policías de civil asesinando jóvenes. Debe prohibirse toda actividad policial sin uso de uniformes o móviles claramente identificables", comienza el texto que en pocas horas desde su creación, reúne ya cerca de 6.000 firmas.
El proyecto de la Ley Lucas prohíbe a la Policía de la Ciudad "la planificación, ejecución, realización de tareas de prevención control o de cualquier naturaleza sin el uso del uniforme" y así también el uso de transportes que no estén identificados.
Además, determina que en caso de tener que realizar una tarea de inteligencia que requiera de agentes encubiertos, "se deberá requerir autorización previa al juez en lo penal competente".
También piden que la ciudadanía tenga la libertad para "registrar irregularidades policiales" y que se disponga una Comisión Legislativa de seguimiento de actividades policiales en un proyecto de ley.
"Estoy harta de que las fuerzas de seguridad maten a mansalva", escribió una de las firmantes en la web donde se impulsa el proyecto de ley.
Lucas González, el adolescente de 17 años que fue baleado en la cabeza en un presunto caso de "gatillo fácil" cometido por policías de la Ciudad que lo interceptaron cuando se trasladaba con tres amigos en un auto por el barrio porteño de Barracas, murió ayer a la tarde tras agonizar en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, y los familiares denunciaron que los efectivos "tiraron a matarlo" y que le "plantaron" un arma de fuego para simular un enfrentamiento.
Por otra parte, tres efectivos de la Policía de la Ciudad que participaron del hecho en el que fue baleado el adolescente, un futbolista de las inferiores del club Barracas Central, fueron apartados de las tareas operativas en la fuerza y se les inició un sumario administrativo, informó el propio ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.