En  Página 12, el periodista Horacio Verbitsky reveló una serie de correos electrónicos que revelan la complicidad entre el gobernador radical Gerardo Morales y el Poder Judicial jujeño.


El periodista describe: "El lunes pasado el abogado Federico Wagner, que representó al gobernador Gerardo Morales en la querella en la que Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso, dirigió un amistoso correo electrónico al Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda. Su propósito: diseñar la estrategia para recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitaría el país en mayo. Su idea es poner a los comisionados en contacto con las personas que dicen haber sido amenazadas por la líder de la organización barrial Túpac Amaru, a quienes sugiere que represente el Defensor del Pueblo".
Y agrega: "La CIDH solicitó al gobierno nacional la liberación inmediata de Milagro Sala, en cumplimiento de la resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que la consideró nula por violación del derecho a ser juzgado por un juez imparcial e independiente. Wagner trabaja en el estudio del ex juez, ex ministro y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra. En el mail del 9 de enero a las 16.46, Wagner le propone a Miranda "concretar una primera reunión de trabajo durante la primera quincena de febrero, en la que esté presente el Dr. Despouy y la Dra.Falcone, como para coordinar la tarea"".


Y continúa: "Mariano Miranda es el fiscal de Estado que en enero de 2016 presentó la acusación contra Milagro Sala por el acampe en la Plaza Belgrano. El fiscal de turno, Darío Osinaga, se negó a hacerlo porque no encontró que hubiera delito, a raíz de lo cual el gobierno provincial lo denunció por "omisión, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". Miranda cumplió el encargo y Milagro fue privada de su libertad. Para mantenerla por tiempo indefinido, Morales fue agregando nuevas causas en las que distintos jueces le dictaron la prisión preventiva", revela Página 12.


Verbistky explica: "Leandro Despouy es el representante de Derechos Humanos del ministerio de Relaciones Exteriores, que debe responder ante los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos en nombre del gobierno nacional".Y por otro lado agrega que "La doctora Falcone preside el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y ha sido una pieza fundamental en la domesticación del Poder Judicial. Ex diputada radical, Clara De Langhe de Falcone fue nominada para integrar el tribunal por Morales cuando era jefe de la oposición y designada para presidirlo en cuanto se conoció el resultado electoral de 2015. En cuanto asumió, Morales hizo llegar a la Legislatura el proyecto de ampliación del Superior Tribunal, de cinco a nueve miembros. A la noche siguiente ya estaba consumado y al tercer día asumieron los cuatro nuevos magistrados, dos de los cuales (Pablo Baca y Beatriz Altamirano) acababan de votar la ampliación como legisladores por la UCR. Como presidente del tribunal, Falcone designó a su yerno Gastón Mercau como juez ad hoc para las causas contra Milagro Sala, y el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, a una amiga íntima, Liliana Fernández de Montiel, como fiscal especial a cargo de todas las causas que se le abrieran en el futuro, es decir una comisión especial prohibida por la Constitución".


La gravedad de los mails se centra en que "Dieciocho minutos después del primer mail, Wagner dirigió otro a la propia clarafalcone9@hotmail.com. A las 17.04 del lunes 9, le reenvió el mensaje a Miranda y la propuesta de reunión para coordinar "la presentación de las víctimas de las arbitrariedades ejecutadas por Milagro Sala, tal como hablamos en diciembre". Es decir que la coordinación viene de antes. El objetivo es que esas personas presten un testimonio a los comisionados que "justifique el mantenimiento de su prisión preventiva", le aclara Wagner a Falcone. Esta promiscuidad de Morales con la presidente del Superior Tribunal ratifica más allá de toda duda que Milagro Sala no goza en Jujuy de las garantías del debido proceso y que la justicia actúa como una dependencia más de la gobernación".