Se debatió sobre la regulación de protestas sociales
La discusión abordó 4 proyectos: dos presentados por el FpV, uno del FR y otro del PRO. Una de las que presentó el bloque oficialista considera "legítimas" a las anunciadas con 48 horas de anticipación, y crea la figura del mediador.
La discusión que comenzó tras la pedido de la presidenta Cristina Fernández en el inicio de las sesiones ordinarias de este año legislativo, intentó llevar la problemática sobre la protesta social como una “colisión de derechos”: la libre circulación y el derecho a la petición social ante el Estado, incluidos en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
"Todo el mundo tiene derecho a protestar pero no cortando la calle y complicándole la vida a los otros. Creo que vamos a tener que legislar. No pretendo que sea como en los Estados Unidos", advirtió la jefa de Estado el 1ro de marzo ante la Asamblea Legislativa y pidió por "alguna normativa de la convivencia ciudadana porque no puede ser que diez personas te corten una calle por más razones atendibles que tengan".
Los autores de los proyectos presentados hasta el momento, Juan Manuel Pedrini (FpV), Darío Giustozzi (FR), Federico Sturzzeneger (PRO) y Diana Conti (FpV), comenzaron la discusión en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Conti.
El diputado Juan Manuel Pedrini, autor de una de las iniciativas oficialistas, aseguró que el proyecto de norma "no criminaliza, no aplica penas ni sanciona pero sí regula" la demostraciones callejeras.
El eje principal de la discusión pasó por la determinación de las tantas dimensiones de la protesta social, es decir que el formato o modalidad de manifestación influye directamente en la problemática de los cortes de tránsito.
La iniciativa de Pedrini centra su objetivo en "garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión, de peticionar ante las autoridades, del uso del espacio público, así como el de libre circulación e integridad física durante el desarrollo de manifestaciones públicas".
Desde la presidencia de Néstor Kirchner, el Gobierno optó por no reprimir ni criminalizar la protesta social, y por esa decisión ha sido foco de críticas.
Los proyectos que se fueron presentando abordaban la temática proponiendo una mayor rigurosidad de penas y multas, pero la iniciativa presentada por el FpV cambió el enfoque para lograr mejores resultados.