Los jueces que liberaron a violadores o encarcelados por delitos violentos tendrán que rendir cuentas por sus decisiones y deberán enfrentar un jury para justificar sus acciones.

Esto no hace más que confirmar que no hubo detrás de ésto un plan orquestado desde del Poder Ejecutivo sino que es el Poder Judicial el que decide sobre la libertad de las personas.

Como desde un primer momento se planteó que violadores, asesinos y autores de delitos violentos no podrían ser alcanzados por este beneficio, los jueces que firmaron esos fallos deberán justificar su accionar y podría costarles el puesto.