Relatos salvajes de la corporación judicial
Demetrio Iramain
La derecha no descansa en vacaciones. En Tribunales, habitual mes de feria, todavía menos. Cómo olvidar el tórrido enero de 2010, cuando la jueza María José Sarmiento, del fuero en lo contencioso administrativo federal, suspendió los decretos firmados por la presidenta, que establecían la creación del Fondo del Bicentenario con 6500 millones de dólares de las reservas del Banco Central, y ordenó reponer en su cargo a Martín Redrado. Ahora, otro juez del mismo fuero, Enrique Lavié Pico, habilitó la feria judicial de enero para dictar dos veces una medida similar a aquella del año 2010 (que el tribunal de alzada confirmó), esta vez para poner en suspenso el nombramiento de 16 fiscales subrogantes, que contaban con el debido acuerdo del Senado, dispuesto en uso de sus facultades constitucionales por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
El buscado efecto político de la precautelar contra las designaciones en el Ministerio Público Fiscal, sin embargo, queda opacado al lado de la cinematográfica denuncia del fiscal Alberto Nisman.
Hace un año y medio, el mismo Nisman le dijo a Víctor Hugo Morales, cuando el periodista le preguntó por qué su nombre aparecía repetidamente en los cables filtrados por Wikileaks y que vinculaban sus resoluciones judiciales con el deseo de la embajada norteamericana en Buenos Aires, que "ahí en definitiva no está mi voz". Pues bien. Tampoco está la voz de la presidenta ni la del canciller en la mugre de los servicios de inteligencia que colorea la feroz operación contra el gobierno. Como ayer mismo reconoció un periodista de La Nación (no es Jaime Stiuso) “a lo largo del dictamen de 300 fojas de Nisman, sin embargo, la Presidenta no aparece con voz propia en ningún mensaje reservado”.
Evidentemente, Alconada Mon habría tenido acceso a la totalidad de la presentación del fiscal, no así el resto de los medios, que sólo tuvo recortes parciales, y mucho menos el juez de la casusa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, quien se mostró sorprendido por el contenido, el tono y la forma de la denuncia, de la que se enteró por los diarios.
La insólita presentación intenta, al mismo tiempo, criminalizar a la militancia política y social, factor fundamental del actual ciclo histórico. Entre los imputados están, además de Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman, Andrés Larroque, Luis D’Elía y Fernando Esteche. Hay antecedentes inmediatos.
Días atrás, a pesar de que las Madres de Plaza de Mayo emitieron un comunicado en que expresaron su repudio a “estos crímenes ocurridos en París con los periodistas de la revista Charlie Hebdo”, los medios hegemónicos se hicieron eco de la queja del embajador galo en la Argentina, que calificó de “agresivas” las declaraciones de Hebe, porque la titular de las Madres había osado recordar el historial colonial de la nación francesa.
Si Hebe es “agresiva”, cuanto más lo es la potencia europea, que hace dos días envío un portaaviones con 2000 marines, 21 aviones caza de combate, cuatro helicópteros y una aeronave de vigilancia, escoltados por una fragata de defensa antiaérea y un submarino nuclear de ataque hacia Oriente medio, para “hacer frente al terrorismo" y redoblar la participación de Francia en la coalición liderada por Estados Unidos que combate a la organización yihadista Estado Islámico (EI) en Irak y Siria.
Un día después, la inefable Elisa Carrió sindicó a Hebe como “el brazo argentino del terrorismo islámico”. La plataforma política para la imputación judicial estaba armada. El forzado señalamiento del fiscal Nisman al diputado Larroque se enmarca en el mismo contexto: desacreditar la militancia kirchnerista en la víspera del proceso electoral. La irrupción de La Cámpora, su cohesión, liderazgo y coherencia ideológica a la hora de gestionar áreas sensibles del Estado (en los tres poderes), sumados a su capacidad de movilización y a su creciente prédica entre la juventud que nutre sus filas, desvelan a la derecha.
Cuervo Larroque no es el único. Ni es la primera vez. Como a las Madres, fueron varias las campañas mediáticas sufridas por D’Elía. Una vez, incluso, el líder del movimiento Miles se adelantó a la opereta y publicó en simultáneo a la “primicia” informativa que lo vinculaba con hechos de corrupción, el testimonio de la propia fuente citada por el difamador, que la desmentía y ponía en perfecto ridículo al operador disimulado como periodista. El dirigente matancero y Fernando Esteche no forman parte del gobierno nacional, e incluso se han mostrado muchas veces fuertemente críticos de sus políticas, no obstante lo cual son involucrados en lo que sería una operatoria al más alto nivel gubernamental tendiente a encubrir el segundo mayor acto terrorista de la historia (el primero fue el terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura cívico-militar). Suena a risa. Pero no es chiste.
En su raid mediático, Nisman hasta podría convidarse a una denuncia ante el INADI: con total desparpajo, se muestra sorprendido porque “Esteche hasta es inteligente”, atributo que, según el fiscal, no es propio de un luchador que emplea métodos de acción directa. “Uno lo tenía como una persona de militancia, piquetero. Pero tiene un nivel intelectual muy alto”, abundó Nisman.
La fórmula de la derecha cuando no ejerce el poder formal del Estado es conocida: provocar crisis institucionales. Acusar, no ya de anticonstitucional, o injusta, o cualquier otro calificativo propio de la disputa política, sino de  “delito” a una ley del Congreso es haber llegado demasiado lejos. Se busca fatigar las relaciones entre los poderes y dañar la legitimidad de sus conductas: el Poder judicial quiere ser Ejecutivo, y en su loca carrera no trepida en criminalizar una decisión soberana del Parlamento. Cruza fronteras, que disminuyen los márgenes de acción de la política y refuerzan las posiciones de las corporaciones, “ajenas” a la disputa política y a salvo de la bendita alternancia de las democracias liberales. Como los dueños de las empresas y los accionistas de las multinacionales, los jueces y los fiscales son vitalicios en sus cargos, no así los gobernantes electos en las urnas.
La intención de la derecha, cuyo instrumento de hoy es el Poder Judicial, resulta deliberada: arribar al crucial año electoral que podría ser favorable al oficialismo, con un escenario complejo, turbio, demasiado conversado, que permita deslegitimar los resultados, o los habilite a ensayar uno a su conveniencia.
Cuando en 2008 el gobierno insinuó con denunciar por violar la ley de abastecimiento a los integrantes de la Mesa de Enlace que mantenían cortadas las rutas y volcaban miles de litros de leche en los campos, Ricardo Lorenzetti se apuró a desestimar la moción al afirmar que "judicializar los conflictos no es el mejor camino (…) Lo mejor es que los conflictos se resuelvan en el campo de la política. Para eso funciona la política, el diálogo, la concertación". Qué fácil es decirlo en aprietos ajenos, y no cuando lo que está en juego es la propia ropa.
Hablemos claro. La razón de la nueva embestida judicial contra el kirchnerismo es la defensa cerrada que la corporación de jueces y fiscales cree necesario hacer respecto de sí misma. Algo huele mal en el Poder Judicial. La corporación de magistrados despide feo olor por la boca. Frecuenta a sus queridas en la embajada y cuando sale, entrado en copas y vicios procesales, ni advierte que lleva baja la bragueta.

La derecha no descansa en vacaciones. En Tribunales, habitual mes de feria, todavía menos. Cómo olvidar el tórrido enero de 2010, cuando la jueza María José Sarmiento, del fuero en lo contencioso administrativo federal, suspendió los decretos firmados por la presidenta, que establecían la creación del Fondo del Bicentenario con 6500 millones de dólares de las reservas del Banco Central, y ordenó reponer en su cargo a Martín Redrado. Ahora, otro juez del mismo fuero, Enrique Lavié Pico, habilitó la feria judicial de enero para dictar dos veces una medida similar a aquella del año 2010 (que el tribunal de alzada confirmó), esta vez para poner en suspenso el nombramiento de 16 fiscales subrogantes, que contaban con el debido acuerdo del Senado, dispuesto en uso de sus facultades constitucionales por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

El buscado efecto político de la precautelar contra las designaciones en el Ministerio Público Fiscal, sin embargo, queda opacado al lado de la cinematográfica denuncia del fiscal Alberto Nisman.

Hace un año y medio, el mismo Nisman le dijo a Víctor Hugo Morales, cuando el periodista le preguntó por qué su nombre aparecía repetidamente en los cables filtrados por Wikileaks y que vinculaban sus resoluciones judiciales con el deseo de la embajada norteamericana en Buenos Aires, que "ahí en definitiva no está mi voz". Pues bien. Tampoco está la voz de la presidenta ni la del canciller en la mugre de los servicios de inteligencia que colorea la feroz operación contra el gobierno. Como ayer mismo reconoció un periodista de La Nación (no es Jaime Stiuso) “a lo largo del dictamen de 300 fojas de Nisman, sin embargo, la Presidenta no aparece con voz propia en ningún mensaje reservado”.

Evidentemente, Alconada Mon habría tenido acceso a la totalidad de la presentación del fiscal, no así el resto de los medios, que sólo tuvo recortes parciales, y mucho menos el juez de la casusa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, quien se mostró sorprendido por el contenido, el tono y la forma de la denuncia, de la que se enteró por los diarios.

La insólita presentación intenta, al mismo tiempo, criminalizar a la militancia política y social, factor fundamental del actual ciclo histórico. Entre los imputados están, además de Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman, Andrés Larroque, Luis D’Elía y Fernando Esteche. Hay antecedentes inmediatos.

Días atrás, a pesar de que las Madres de Plaza de Mayo emitieron un comunicado en que expresaron su repudio a “estos crímenes ocurridos en París con los periodistas de la revista Charlie Hebdo”, los medios hegemónicos se hicieron eco de la queja del embajador galo en la Argentina, que calificó de “agresivas” las declaraciones de Hebe, porque la titular de las Madres había osado recordar el historial colonial de la nación francesa.

Si Hebe es “agresiva”, cuanto más lo es la potencia europea, que hace dos días envío un portaaviones con 2000 marines, 21 aviones caza de combate, cuatro helicópteros y una aeronave de vigilancia, escoltados por una fragata de defensa antiaérea y un submarino nuclear de ataque hacia Oriente medio, para “hacer frente al terrorismo" y redoblar la participación de Francia en la coalición liderada por Estados Unidos que combate a la organización yihadista Estado Islámico (EI) en Irak y Siria.

Un día después, la inefable Elisa Carrió sindicó a Hebe como “el brazo argentino del terrorismo islámico”. La plataforma política para la imputación judicial estaba armada. El forzado señalamiento del fiscal Nisman al diputado Larroque se enmarca en el mismo contexto: desacreditar la militancia kirchnerista en la víspera del proceso electoral. La irrupción de La Cámpora, su cohesión, liderazgo y coherencia ideológica a la hora de gestionar áreas sensibles del Estado (en los tres poderes), sumados a su capacidad de movilización y a su creciente prédica entre la juventud que nutre sus filas, desvelan a la derecha.

Cuervo Larroque no es el único. Ni es la primera vez. Como a las Madres, fueron varias las campañas mediáticas sufridas por D’Elía. Una vez, incluso, el líder del movimiento Miles se adelantó a la opereta y publicó en simultáneo a la “primicia” informativa que lo vinculaba con hechos de corrupción, el testimonio de la propia fuente citada por el difamador, que la desmentía y ponía en perfecto ridículo al operador disimulado como periodista. El dirigente matancero y Fernando Esteche no forman parte del gobierno nacional, e incluso se han mostrado muchas veces fuertemente críticos de sus políticas, no obstante lo cual son involucrados en lo que sería una operatoria al más alto nivel gubernamental tendiente a encubrir el segundo mayor acto terrorista de la historia (el primero fue el terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura cívico-militar). Suena a risa. Pero no es chiste.

En su raid mediático, Nisman hasta podría convidarse a una denuncia ante el INADI: con total desparpajo, se muestra sorprendido porque “Esteche hasta es inteligente”, atributo que, según el fiscal, no es propio de un luchador que emplea métodos de acción directa. “Uno lo tenía como una persona de militancia, piquetero. Pero tiene un nivel intelectual muy alto”, abundó Nisman.

La fórmula de la derecha cuando no ejerce el poder formal del Estado es conocida: provocar crisis institucionales. Acusar, no ya de anticonstitucional, o injusta, o cualquier otro calificativo propio de la disputa política, sino de  “delito” a una ley del Congreso es haber llegado demasiado lejos. Se busca fatigar las relaciones entre los poderes y dañar la legitimidad de sus conductas: el Poder judicial quiere ser Ejecutivo, y en su loca carrera no trepida en criminalizar una decisión soberana del Parlamento. Cruza fronteras, que disminuyen los márgenes de acción de la política y refuerzan las posiciones de las corporaciones, “ajenas” a la disputa política y a salvo de la bendita alternancia de las democracias liberales. Como los dueños de las empresas y los accionistas de las multinacionales, los jueces y los fiscales son vitalicios en sus cargos, no así los gobernantes electos en las urnas.

La intención de la derecha, cuyo instrumento de hoy es el Poder Judicial, resulta deliberada: arribar al crucial año electoral que podría ser favorable al oficialismo, con un escenario complejo, turbio, demasiado conversado, que permita deslegitimar los resultados, o los habilite a ensayar uno a su conveniencia.

Cuando en 2008 el gobierno insinuó con denunciar por violar la ley de abastecimiento a los integrantes de la Mesa de Enlace que mantenían cortadas las rutas y volcaban miles de litros de leche en los campos, Ricardo Lorenzetti se apuró a desestimar la moción al afirmar que "judicializar los conflictos no es el mejor camino (…) Lo mejor es que los conflictos se resuelvan en el campo de la política. Para eso funciona la política, el diálogo, la concertación". Qué fácil es decirlo en aprietos ajenos, y no cuando lo que está en juego es la propia ropa.

Hablemos claro. La razón de la nueva embestida judicial contra el kirchnerismo es la defensa cerrada que la corporación de jueces y fiscales cree necesario hacer respecto de sí misma. Algo huele mal en el Poder Judicial. La corporación de magistrados despide feo olor por la boca. Frecuenta a sus queridas en la embajada y cuando sale, entrado en copas y vicios procesales, ni advierte que lleva baja la bragueta.