Delgado apeló este miércoles el archivo dispuesto por el juez federal Sebastián Casanello, para que la Cámara Federal revise si hace lugar o no a investigar al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, por la utilización de la base de datos de la ANSES para otros fines. 

El fiscal consideró "prematura" la decisión de Casanello pues "no se estudió si la decisión administrativa que alcanza a la jefatura de Gabinete, de la Administración de la Seguridad Social y de la Secretaria de Medios contrativo el régimen de protección de datos personales", consignó el sitio Ámbito.com.

Casanello, según el fiscal, "debía dirimir la tensión entre un acto administrativo y una ley que es una norma de jerarquía mayor" y si hubo "una infracción de la norma" a partir de la firma del convenio.

"Es más sencillo estudiar el tema de fondo con las opiniones de los expertos, en un marco de mayor pluralidad enriquecido por muchas miradas, para elaborar una sentencia proporcionada con los bienes jurídicos en juego, no obstante, el modo brusco en que se cerró la causa generó el agravio que justifica esta presentación", sostuvo la fiscalía.

Para Delgado "la cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la ANSES constituye un recurso del que puede disponer el estado para difundir los actos de gobierno".

La denuncia la hizo la abogada Valeria Laura Carreras, quien también inició una acción de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que se disponga el traspaso de las bases de datos.

Según la abogada, el decreto 230/2007 de la ANSES "dispone que los datos contenidos en dicha base son de carácter no público y por ende sensibles".