En una misiva dirigida al senador Juan Carlos Marino, titular de la bicameral de Fiscalizaciones y Actividades de inteligencia, la diputada nacional Teresa García (FpV) le solicita que "ponga en consideración de la Comisión la apertura de una investigación de oficio con objeto de dilucidar la veracidad de las denuncias realizadas por el periodista Camilo Cagnacci a través del portal de noticias Adelanto 24".

Como se sabe, ese sitio de noticias fue el encargado de hacer público el hecho: el plan oficial para producir "mediante medios técnicos la búsqueda de información tendiente a proteger y anticipar posibles operaciones contra el orden constitucional y que pudiera afectar la gobernabilidad".

Según la denuncia, tanto Gustavo Sylvestre como Mauro Federico estarían siendo espiados por la Agencia Federal de inteligencia (AFI) a través de la interceptación de correos electrónicos pertenecientes a los dos periodistas que trabajan para medios del Grupo Indalo.

Par la legisladora que este martes formalizó el pedido de investigación bicameral, se trata de una situación que "indudablemente representa una extralimitación de la ley" ya que "el informe se funda en la necesidad de 'la búsqueda de información tendiente a proteger y anticipar posibles operaciones contra el orden constitucional'".

En su escrito, García plantea que "se establece una equivalencia que nos remonta a los peores momentos de la historia argentina, en que el ejercicio del periodismo independiente y crítico era interpretado como una amenaza a la gobernabilidad". Además asegura que esta noticia, "de enorme gravedad institucional, vuelve a llenar de escozor a todos los argentinos".,

Para la legisladora, de ser verdadero el hecho denunciado, "se trataría de un caso de interceptación ilegal de comunicaciones privadas (sin autorización judicial) para espionaje interno, motivado por razones políticas, un supuesto explícitamente prohibido por la ley en su artículo 4, inciso 2".

Y además agrega que al dirigirlo contra periodistas, la acción constituiría, además, "un claro atentado a la libertad de expresión, inadmisible en democracia".

Para finalizar, García sostiene que "ante la gravedad de las denuncias que suponen la posibilidad de actividades de inteligencia ilegales e interceptación de comunicaciones privadas sin la debida autorización judicial", solicitó la convocatoria a una reunión para considerar en su seno la apertura de una investigación y el establecimiento de un plan de trabajo tendiente al esclarecimiento de los hechos.