El abogado Miguel Á​ngel Fernández Pastor solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la reciente ley y del DNU del bono compensatorio, cuya vigencia viola los artículos 14 bis; 16, 17, 28, 31 y 75 de la ​Constitución ​Nacional y ​de ​la ​​declaración ​Universal de los ​​Derechos ​Humanos.

Entre los fundamentos del amparo se citan datos de dos informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) donde estima un ahorro en 75.000 millones de pesos y la erogación por ​el bono ​del mes de marzo con ​un costo fiscal de 3.666 millones de pesos, por lo que el ahorro neto sería del orden de los 71.300 millones de pesos.

En ​efecto, la disminución del poder adquisitivo del haber de las prestaciones del conjunto de los beneficiarios representa un claro retroceso y violación del principio de progresividad previsto en los pacto​s​ internacionales suscriptos y ratificados por nuestro país.