Según los abogados que hicieron el pedido, y que son querellantes por haber sido víctimas directas del espionaje ilegal, Elisa Carrió, a través de sus colaboradoras, las legisladoras Maviana Zuvic y Paula Oliveto, utilizó escuchas ilegales a presos de la cárcel de Ezeiza para intentar, “desesperadamente”, desbaratar la investigación del juez Ramos Padilla, desde el inicio de la “Causa D’Alessio”.

Según los querellantes, las escuchas que se hicieron en las cárceles a ex funcionarios detenidos y que habrían sido filtradas por el área de Jurídicos de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, terminaban en manos de Carrió o del fiscal Carlos Stornelli.

Se le atribuye a Carrió “responsabilidad en la maniobra ilegal desplegada desde la Agencia Federal de Inteligencia con los objetivos de influir en la situación institucional y/o política y/o social del país y en la opinión pública y de dar cobertura a la organización paraestatal que integraban el espía Marcelo D’Alessio y otras personas a las que la nombrada se encontraba estrechamente vinculada”.

En su presentación los abogados remarcaron el vínculo de la causa de Lomas de Zamora con la que lleva adelante el juez Ramos Padilla en Dolores “respecto de la misma asociación ilícita”.

“Desde 2017 la AFI retiraba y conservaba en su poder los registros de las comunicaciones de los teléfonos públicos de los pabellones penitenciarios, y sin más decidió sacárselos de encima y enviarlos con urgencia al juzgado. Se ve que alguien ahí ya sabía que Carrió y Stornelli irían a filtrar el contenido de esas conversaciones que el área de Jurídicos de la AFI había promovido ardidosamente intervenir, y que escuchaba, analizaba y transcribía sin orden judicial y sin ningún destino legal”, dijeron los abogados Rúa y Peñafort.