Piden el embargo de 54 millones al primo de Macri por el soterramiento del Sarmiento
Ángelo Calcaterra, primo del presidente Macri, es investigado por el pago de coimas en el marco de la licitación que había ganado para el soterramiento del Sarmiento junto a Odebrecht. La fiscalía solicitó aplicar la misma medida sobre exfuncionarios y directivos de la constructora brasileña.
El fiscal federal Franco Picardi pidió embargar a Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, en unos $54.350 millones en el marco de la investigación por el pago de sobornos y sobreprecios en marco de la licitación de las obras del soterramiento del tren Sarmiento, por parte del consorcio de compañías lideradas por Odebrecht pero también integrada por IECSA, firma fundada por la familia presidencial y que en aquel entonces conducía el empresario.
La fiscalía pidió además ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi embargar por $4350 millones al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, al exsecretario de Obras Públicas José López, a Jorge "Corcho" Rodríguez y a los directivos de Odebrecht.
Además, Picardi requirió designar a un veedor para controlar las obras en torno a las obras del soterramiento del tren Sarmiento.
Calcaterra, primo del líder PRO, sobrino de Franco Macri y extitular de IECSA, es investigado desde principio de año en la causa que indaga sobre el pago de sobornos para la adjudicación de las obras de soterramiento del tren Sarmiento en 2008.
La investigación en torno a sobreprecios y coimas en las obras del soterramiento del tren que une la Capital Federal con la zona este de la provincia de Buenos Aires vuelve toca de cerca al macrismo.
En enero de 2017 un operador brasileño de la compañía Odebrecht reveló que le pagó 600 mil dólares al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Según reveló La Nación, esos pagos comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento, donde Obedrecht es una de las empresas adjudicatarias.
Quien pagó a Arribas fue Leonardo Meirelles, un operador que se acogió al régimen de la “delación premiada” y aportó documentación sobre miles de transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas brasileñas. Meirelles está detenido en Brasil por su rol en la investigación Lava Jato.