En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, en el Congreso, el director de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, defendieron la nueva ley de Inteligencia, y lamentaron la actitud de la oposición, que no se presentó a debatir la iniciativa.

Los funcionarios calificaron la ausencia de la oposición como una “actitud intolerante”, al considerar que a las "instituciones se las defiende debatiendo", al tiempo que explicaron que la normativa "pretende mejorar el sistema existente de inteligencia, no destruirlo".

Por su parte, Parrilli aclaró que el oficialismo "está dispuesto a dar un debate amplio y a escuchar todas las propuestas que puedan hacerse para mejorar" la iniciativa, mientras que los jefes de los bloques opositores de la UCR, el PRO, el peronismo federal, el socialismo y UNEN, decidieron no asistir al plenario de este martes por considerar que se trata de una medida que pretende desviar el eje central de la investigación sobre la muerte del fiscal federal Alberto Nisman.

Parrilli defendió en el Senado el proyecto oficial, anunciado la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que disuelve la actual SI y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

"Es necesario avanzar en inteligencia de defensa de los intereses de la Nación y de sus habitantes" señaló el director de la Secretaría de Inteligencia, y especificó que la ley vigente "no ponía limitaciones a las actividades que hacían los organismos de inteligencia".

Además, Parrilli mencionó que entre las modificaciones se propone que los agentes de la AFI se dediquen exclusivamente al tratamiento y la investigación de delitos como terrorismo, narcotráfico, ciberdelitos o trata de personas, o que afecten la seguridad exterior, y aclaró que se suprimió la atribución para que la AFI se dedique a cuestiones de seguridad interior porque no quiere “que se siga repitiendo la historia". Así, se ordena el traspaso del sistema de escuchas telefónicas a la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Una vez sancionada la ley, de acuerdo con el funcionario, se otorga un plazo de 90 días para que se constituya la Agencia Federal de Inteligencia.

El secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, expresó que "no es una norma perfecta o que no admita cambios”. Entonces, aclaró que “se trata de una norma perfectible", y coincidió con Parrilli al lamentar la ausencia de la oposición en la audiencia.

"No queremos tirar por la borda la experiencia de los últimos años de la democracia, sino ver dónde están los defectos y aportar a que se discutan los temas sustanciales", sostuvo el funcionario, mientras que consideró que "para que sea rica hay que hacerla desde todos los sectores", y calificó de "lamentable la ausencia opositora".

"Nos llevamos la frustración de que no hemos tenido las  preguntas de los opositores, aunque chicaneros a veces", ironizó Zannini, quien explicó que la iniciativa no pretende "una modificación sustancial" sino que "se achica y se especializa el órgano rector de la inteligencia nacional" en el marco de la política del gobierno de defensa de los derechos humanos.

Por último, el subdirector del organismo, Juan Martín Mena, expuso sobre la clasificación de la información que manejará el nuevo organismo y adelantó que "se fija en un plazo mínimo de 25 años el principio de desclasificación que hasta ahora era indefinido".

"Esta decisión se enmarca en una política de acceso a la información ya encarada por este Gobierno", sostuvo Mena, y anunció, en el marco de la nueva ley, la designación de un funcionario público "responsable para resguardar y proteger la base de datos".

Mena explicó, también, que se elevarán las penas para aquellos agentes que intercepten ilegalmente llamados telefónicos.