Entre el martes y el miércoles, la procuradora Alejandra Gils Carbó emitirá dictamen –no vinculante para el máximo tribunal– sobre el aumento de tarifas en todo el país, como le pidiera la Corte Suprema de Justicia.

Presumiblemente, su opinión estaría en consonancia con la de los fiscales que, a lo largo y ancho del país, se pronunciaron contra el modo con que fueron implementados los tarifazos.

Con ese dictamen en mano, los cuatro ministros del máximo tribunal se pronunciarán definitivamente sobre el fondo de la cuestión, lo que se espera que ocurra el jueves o, a más tardar, el último día hábil de esta semana.

Esa es la razón por la que, por estas horas, desde el Presidente hasta sus ministros comenzaran un bombardeo político y mediático sobre los integrantes del tribunal supremo tendiente a que la Corte o, al menos, la mayoría de sus miembros, apruebe los tarifazos.

Por una lado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, señalaba una semana atrás que "sería muy grave" que la Corte Suprema no avalara el brutal aumento de las tarifas; defendiendo así, claro está, los intereses de sus anteriores patronos de la Shell.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, llegaba a decir unas horas después: "Creemos que es importante que se pueda avanzar en esta adecuación tarifaria que se ha tenido que trabajar en este país, básicamente, por haber recibido un sistema energético con graves falencias y en emergencia”.

"La Corte va a tener que poner las cosas en su lugar", añadía el diputado Pro Pablo Tonelli, aseverando que "lo que hizo la jueza de San Martín” que suspendió los aumentos, “es un verdadero disparate".

Ahora, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, advirtió en ‘Animales Sueltos’ que, de no ratificarse judicialmente los aumentos dispuestos por el Gobierno, "tendremos que recortar en otro lado, vamos a tener que buscar 80.000 millones a otro lugar".

Y, por si hacía falta, el inefable Luis Majul –exégeta no oficial del macrismo– sale a contar en un artículo aparecido en El Cronista cómo será el futuro inmediato si la Corte no aprueba las subas, según habría anunciado el mismísimo Macri, calificando esos dichos como "sutil ultimátum".

"Si la Corte nos obliga a devolver el dinero de los argentinos que ya pagaron los aumentos de las tarifas de luz y de gas de mayo y de junio, eso le costará al Estado 80.000 millones de pesos, Federico Sturzenegger va a renunciar, la inflación que está bajando se transformará en hiperinflación, el plan económico se va a ir al diablo y todo lo que bueno que hicimos desde diciembre del año pasado no habrá servido para nada". Estas, según Majul, habrían sido las palabras del Presidente.

'Tarifazo o caos', parece ser la fórmula adoptada por el macrismo para bombardear el marco sobre el cual la Corte debe expedirse esta semana; y, de paso, generar en la población el temor consecuente. Dos pájaros con un solo tiro.